La organización no gubernamental SOS Orinoco ha denunciado enérgicamente lo que considera una farsa en la lucha del gobierno venezolano contra la minería ilegal en la Amazonía.
A través de sus redes sociales, la ONG denunció la persistencia y expansión de esta actividad ilícita, a pesar de los operativos militares anunciados por la administración de Maduro.
“Se estima que entre 70% y 90% del oro sale del país de manera ilegal, en operaciones que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”, según informe de la ONG venezolana SOS Orinoco.
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Operaciones militares no consiguen erradicar minería ilegal
Según SOS Orinoco, las operaciones militares como Roraima 2022, Autana 2023 y Neblina 2024, lejos de erradicar la minería ilegal, parecen tener un fin propagandístico para mejorar la imagen del gobierno. La organización ha documentado cómo zonas mineras, como la de bulla de oro en el estado Amazonas, continúan expandiéndose y operando con total impunidad, incluso con la complicidad de las fuerzas armadas.
Según la ONG, en la mina ilegal bulla de oro, operan 123 máquinas para extraer oro y los militares cobran 16 gramos de oro semanales por máquina a los mineros de la zona. De julio a septiembre de 2024, la zona creció 13 hectáreas y ya habitan 1.200 personas.
Protección ambiental e indígena
La ONG denuncia que los enfrentamientos entre mineros, comunidades indígenas y fuerzas armadas, derivados de estas operaciones, han generado un aumento de la violencia, violaciones de derechos humanos e impactos ambientales.
«El tema ambiental y de protección a la biodiversidad no está en la agenda pública venezolana», afirma SOS Orinoco.
De acuerdo con la ONG la lucha “contra la minería ilegal es una farsa: Todas estas son minas en plena expansión en manos de los mineros que estaban en el parque nacional Yapacana y con el visto bueno de los militares”, denuncia SOS Orinoco.
La minería ilegal en la Amazonía venezolana representa una grave amenaza para los pueblos indígenas, quienes ven vulnerados sus derechos territoriales y sufren los impactos de la deforestación, la contaminación y la violencia. SOS Orinoco ha documentado numerosos casos de asesinatos y desapariciones de indígenas en el contexto de los conflictos por la actividad minera.
La organización advierte que la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente y viola los derechos humanos, sino que también alimenta una red de corrupción que beneficia a funcionarios de alto nivel. Se estima que una gran parte del oro extraído de manera ilegal en Venezuela es contrabandeado al exterior, generando millonarias ganancias para los involucrados.
