Venezuela, que alguna vez fue uno de los mayores productores de petróleo del mundo, continúa enfrentando grandes dificultades para incrementar su producción en medio de un escenario de infraestructura debilitada y un entorno geopolítico complejo.
Según Oswaldo Felizzola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), el país solo cuenta con tres taladros de perforación en funcionamiento, un número extremadamente bajo en comparación con los 120 taladros que operaban en su apogeo, cuando Venezuela producía hasta 3 millones de barriles de petróleo diarios.
La producción actual se ha visto gravemente limitada por la obsolescencia de sus equipos y la falta de inversión, factores que dificultan un aumento significativo en la producción. Este contexto de crisis se ve enmarcado en las recientes decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos, específicamente por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que emitió una nueva licencia autorizando a ciertas petroleras norteamericanas a realizar operaciones en Venezuela.
Felizzola explicó que esta medida, que permite la presencia de empresas como Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International en el país, no tiene como objetivo aumentar la producción petrolera, sino simplemente mantener actividades mínimas para proteger los activos en el sector. Esta renovación de licencia, dijo el experto, es un procedimiento estándar y ya se esperaba, ya que es una continuación de una licencia previa, y no un cambio de política en la administración Biden, como algunos podrían interpretar.
«Pareciera que nos quieren hacer ver que el gobierno de Joe Biden quiere estabilizar lo más rápido posible el tema de la energía», afirmó Felizzola, refiriéndose a la percepción que se tiene de las medidas adoptadas por la administración estadounidense en relación con Venezuela.
Por su parte, Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de Petroguía, ofreció una visión adicional sobre el contexto político detrás de la licencia. Rojas recordó que, aunque esta nueva autorización incluye a las mismas empresas, Chevron ya no está amparada por esta licencia desde octubre de 2022.
Según el periodista, la emisión de estas licencias busca que las compañías petroleras estadounidenses reduzcan gradualmente su presencia en Venezuela, como parte de una estrategia que se inició en 2018 con la intención de forzar un cambio político en el país. Sin embargo, tras la victoria de Joe Biden en 2020, las políticas cambiaron y la presión sobre Venezuela pasó a centrarse más en la estabilización de la producción petrolera a través de medidas menos drásticas.
Rojas también destacó la situación de los bonos de deuda emitidos por PDVSA en 2016, cuyo incumplimiento ha dado lugar a acciones judiciales por parte de los tenedores de bonos que buscan tomar control de Citgo, la filial de PDVSA en EE. UU. Este litigio continúa siendo una de las principales piedras en el zapato para las aspiraciones de Venezuela de reestructurar su economía petrolera.
