La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 28 de octubre de 2024 la Resolución 79/2024, en la que otorga medidas cautelares a favor de Leocenis Manuel García Osorio, periodista y dirigente del partido político ProCiudadanos en Venezuela.
La CIDH considera que García se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, con un riesgo inminente de daño irreparable a sus derechos humanos.
Según los informes, García fue interceptado el 11 de septiembre de 2024 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) después de publicar un video en redes sociales en el que criticaba las acciones del gobierno nacional. Desde entonces, su paradero y estado de salud han sido desconocidos, lo que ha generado una creciente preocupación entre sus familiares y defensores de derechos humanos. A pesar de los intentos de su padre por obtener información sobre su local de detención, no ha habido respuesta oficial del Estado.
La CIDH, tras analizar las circunstancias del caso, determinó que la falta de información sobre la situación y ubicación de García lo coloca fuera de la protección judicial que debería recibir. Por ello, solicitó al gobierno venezolano adoptar medidas inmediatas para garantizar su vida e integridad personal, así como proporcionar información sobre su detención, los cargos en su contra y su acceso a atención médica. Además, la CIDH demandó que se asegure la comunicación de García con su familia y abogados, y que se implementen medidas para que pueda ejercer sus actividades políticas sin temor a represalias.
Este caso no es aislado; Leocenis García ha enfrentado múltiples arrestos a lo largo de su carrera. Su historial incluye detenciones en 2008, 2011 y 2019, a menudo en relación con su trabajo periodístico y su activismo político. En 2024, tras intentar postularse a la presidencia, su partido fue ilegalizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que intensificó las tensiones en el país.
La CIDH, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región. Su intervención en el caso de García subraya la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Venezuela y la creciente represión hacia voces disidentes.
