Representantes del sector de trabajadores, jubilados y pensionados del estado Lara se reunieron la mañana de este miércoles 30 de octubre a las afueras de la Inspectoría del Trabajo en la carrera 21 entre 23 y 24, para consignar un documento en el que exigen el pago correspondiente al 9% del Fondo de Pensiones.
Los miembros de distintos gremios y sindicatos, denunciaron las precarias condiciones económicas de los jubilados y pensionados, quienes a pesar de su retiro deben realizar actividades que les permitan costear sus gastos debido a que perciben el equivalente a 3,50 dólares de pensión, que disminuye con la pérdida de poder adquisitivo.
Pensiones insuficientes
José Méndez, coordinador del Comité de Jubilados y Pensionados del estado Lara, señaló que la pensión de 130 bolívares es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. «Una pensión de 130 bolívares solo alcanza para pasajes«, afirmó.
Además, denunció que un grupo de pensionados ha sido excluido del sistema de pensiones desde hace tres meses y no han recibido respuestas de las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Salario en extinción
Deborah Velásquez, presidenta de Apucla, enfatizó la importancia de la educación como motor de cambio y criticó la falta de políticas públicas claras para el sector trabajador y pensionados. «La educación en el país no está distante a la situación del pensionado, a la situación del trabajador, porque lamentablemente en el país no hay políticas definidas con claridad para el sector trabajador», expresó Velásquez.
El secretario ejecutivo de la CTV Lara, Julio Marín, hizo un llamado al gobierno nacional para que cumpla con las promesas hechas y mejore las condiciones de vida de los jubilados y pensionados. «Nosotros no podemos continuar con esta situación, es un exterminio que tienen con los trabajadores«, afirmó Marín.
Robert Sánchez, secretario general del SEEPEL, denunció la intención del gobierno de sustituir el salario por beneficios sociales, lo cual considera una estrategia para disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores. «Aquí el salario está en vía de extinción y ya lo estamos viendo», afirmó Sánchez.
Contribución obligatoria del 9%
Los manifestantes coincidieron en que la situación actual es insostenible y exigieron al gobierno nacional una solución inmediata. Destacaron que la Ley de Protección de Pensiones, establece una contribución obligatoria de las empresas privadas para financiar las pensiones, pero hasta la fecha no se ha visto reflejada en un aumento de los ingresos de los jubilados.
A esta problemática se suma la denuncia de que la alícuota del 9% establecida por la Ley de Protección de Pensiones, destinada a fortalecer el sistema de pensiones, no se ha visto reflejada en un aumento significativo de las pensiones. Esta situación ha generado un profundo malestar entre los jubilados, quienes consideran que se está incumpliendo con sus derechos.
Ley de Protección de Pensiones
La Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista, aprobada por la Asamblea Nacional (2020) en mayo de 2024, estableció una contribución adicional del 9%, obligatoria para las empresas privadas para financiar el aumento del monto de las pensiones, alcanzando el equivalente de hasta 15% del total de salarios y bonos que devengan sus empleados.
El anuncio del Fondo de Pensiones se presentó como una esperanza para los jubilados, como posibilidad de mejorar sus ingresos. Sin embargo, la falta de cumplimiento de la ley y la persistencia de las condiciones de precariedad han generado un profundo descontento entre este sector de la población.
La protesta de los jubilados y pensionados se enmarca dentro de una crisis económica generalizada que afecta a Venezuela, caracterizada por una alta inflación, escasez de bienes y servicios básicos, y una devaluación constante de la moneda nacional. Esta situación ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los venezolanos, especialmente de los sectores más vulnerables como los jubilados y pensionados.
