Un Mundo Sin Mordaza documentó en 2023 múltiples violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta organización sin fines de lucro señaló que la violación del derecho a la libertad de opinión es una de las más alarmantes.
Los datos corresponden al informe anual “Venezuela en cifras 2023″, un informe anual en el que se recoge información sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y su impacto.
Este año, el instrumento ha tenido una innovación en el enfoque de la división de situaciones temáticas, a diferencia de los informes pasados que trataban de derechos humanos de forma aislada. Se abordaron 14 derechos que corresponden a 10 áreas temáticas, los cuales describen la situación general de Venezuela en el 2023.
“Durante el 2023, se documentaron 33 detenciones arbitrarias de periodistas y ciudadanos, incluyendo el asesinato de un periodista, y 118 actos de amenaza, hostigamiento o agresiones contra civiles y trabajadores de prensa, manifestados como amenazas en redes sociales, persecuciones, confiscación de equipos, intimidaciones y agresiones, estableciendo un ambiente de miedo y autocensura que limita la libertad de expresión”, destacan en el documento.
Apuntan que 45,5% de los casos corresponden a sanciones administrativas, el 22,7% a presiones para el cierre de programas, y el 13,6% implican la confiscación de equipos.
En el análisis afirman que “los medios afectados incluyen el 13,6% de los canales de televisión, el 9,1% de los medios impresos, el 72,7% de las estaciones de radio y el 4,5% de los podcasts”.
Otra situación que resalta en el informe son los bloqueos a páginas web, medios de comunicación y redes sociales. Durante el 2023, se registraron 12 casos de bloqueos a páginas web, situación que aumentó a lo largo de este año.
Sin condiciones justas ni salario equitativo
Un Mundo Sin Mordaza añade que se demuestra una gran desigualdad entre los ingresos de los venezolanos, sumado a que muchos trabajan en condiciones que no son justas.
“En el caso de Venezuela se evidencia una gran disparidad entre las remuneraciones del sector privado y el sector público, acentuada por una política gubernamental de congelación salarial en el sector público”, afirman.
Dicha situación influye -de forma directa- en el nivel de vida de los ciudadanos, vulnerando otro derecho: el derecho a una vida digna y muchos factores son consecuencia de la inflación que se registra en el país.
“En Venezuela, la inflación ha alcanzado el 193% en el último año, una cifra alarmante, aunque menor al 305% registrado en 2022 afecta el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores del sector público, debido a la política gubernamental de congelación de salarios reales”, agregaron.
Venezolanos inconformes con los servicios básicos
Según los datos recabados por Un Mundo Sin Mordaza, la mayoría de los venezolanos afirman estar inconforme con los servicios básicos, en especial, con el suministro de agua potable.
“El 64,9% de los encuestados evaluaron negativamente el servicio de agua potable, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Porlamar, Punto Fijo y Barcelona reportaron los niveles más altos de insatisfacción. Las principales razones de descontento fueron la irregularidad en los intervalos de distribución y la falta de suministro”, se lee en el informe.
Sin embargo, el agua no es la única queja: a esto se le suma la electricidad y el aseo urbano. “Según las personas consultadas, el 54,7% ha experimentado una o más interrupciones diarias. Barinas, San Cristóbal y Mérida reportaron los mayores índices de cortes diarios. La percepción negativa del servicio eléctrico fue predominante, con Barinas, Maracaibo y Mérida encabezando las peores valoraciones”.
Restricciones en el año preelectoral
El informe recogió que hubo una distribución geográfica limitada de las oficinas regionales para el registro electoral, con solo 24 sedes en 335 municipios, lo cual dificultaba el proceso de inscripción para más de tres millones de personas.
La escasez de oficinas representaba una barrera significativa, especialmente para aquellos en áreas remotas, “afectando negativamente la participación ciudadana y creando desigualdades en el ejercicio del derecho al voto”.
