Trabajo de www.talcualdigital.com
Al cumplirse tres meses de los polémicos comicios presidenciales en Venezuela, la entidad electoral del país no ha presentado pruebas claras que confirmen la victoria del mandatario Nicolás Maduro, impugnada por la oposición, que clama fraude y ha publicado las actas que demostrarían el triunfo de su candidato Edmundo González, mientras en el país crece la incertidumbre y se acentúa la represión, según organizaciones y activistas.
La oposición venezolana, liderada por González y la veterana política María Corina Machado, se autoproclama vencedora de las elecciones y ha insistido al gobierno de Maduro a que acceda a iniciar una negociación “seria” que conduzca a una transición democrática en la nación venezolana.
“Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a dar incentivos y garantías y el régimen que toda negociación tiene que partir del reconocimiento del 28 de julio (…) el momento en que se coloque la presión adecuada de adentro y de afuera para que Maduro entienda que esa situación es insostenible, en ese momento va a tener incentivos para sentarse a negociar”, reiteró Machado en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo, divulgada este domingo.
Pero Maduro, declarado ganador de los comicios para un tercer mandato con la certificación de un Tribunal Supremo controlado por el oficialismo, acusa a la oposición de desconocer a las autoridades electorales y pretender dar un golpe de Estado debido a la publicación de las actas que conservaron sus testigos de mesa y dan como ganador a González.
Para politólogos como Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el factor que podría llevar al gobierno a tener interés en negociar sería la sensación de no poder sostener el status quo.
Sin embargo, expertos aseguran no tener expectativas de que ocurra un proceso de negociación, independientemente de quienes sean los mediadores.
Edmundo González, actualmente en un exilio forzado en España, ha asegurado que espera volver a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia el próximo 10 de enero, un escenario que ha sido rechazado por el gobierno. De hecho, Maduro ya recibió la invitación del Parlamento oficialista que lo juramentará en 2025.
Parte de la comunidad internacional ha descartado reconocer a Maduro como presidente electo hasta que no se demuestren resultados “verificables”. El Parlamento Europeo y senados de países como España y Colombia han instado a sus gobiernos a reconocer a González como presidente electo.
Maduro ha recibido respaldo de países como Rusia, China, Nicaragua e Irán, aunque varios de sus antiguos aliados en la región, entre ellos Colombia, México y Brasil, han pedido al gobierno presentar las pruebas del triunfo.
Gran parte de la dirigencia opositora se encuentra arrestada o en la clandestinidad, en medio de un clima de miedo generalizado en distintos sectores de la sociedad venezolana.
En días recientes Maduro anunció cambios en la cúpula militar del país, incluyendo los servicios de contrainteligencia e inteligencia política, en medio de llamados de la oposición a que la institución armada respalde lo que califica como «una transición democrática» y reivindique los resultados de la elección presidencial.
Mientras, el Parlamento de mayoría oficialista trabaja para modificar las leyes electorales con el objetivo de prohibir a quienes sean considerados “fascistas” o desconozcan el triunfo de Maduro participar en elecciones.
Está previsto que el año próximo sean celebrados comicios regionales y municipales, un proceso que podría generar desconfianza entre los venezolanos, especialmente tras los informes presentados por el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU que cuestionaron la ausencia de principios de transparencia esenciales para celebrar elecciones libres.
Al menos 27 personas murieron y más de 2.400 fueron detenidas en medio de protestas contra los resultados de las elecciones.
Instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM en inglés), una entidad independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que desconocida por Caracas, han denunciado que las violaciones a los DDHH en Venezuela se han agravado tras las elecciones presidenciales.
En tanto, muchos ciudadanos sienten incertidumbre sobre la crisis política y económica que atraviesa el país y que ha llevado a más de 7, 7 millones de venezolanos -según cifras de Agencia de la ONU para Refugiados-, a abandonar Venezuela buscando protección y mejor calidad de vida.
