Si observamos con atención el panorama mundial podemos observar con claridad que en los países donde hay mejores condiciones de vida son en aquellos donde funciona a cabalidad la justicia. Una justicia que garantice los paradigmas de la economía de mercado y al mismo tiempo defienda los intereses del trabajador y con ello se promueva una sociedad donde los ciudadanos tengan oportunidades permanentes de superación.
Para que exista una justicia que cumpla esta función de servir de plataforma legal para una sociedad productiva es necesario que existan leyes justas, que protejan al capital privado, al trabajo y las libertades básicas de lo ciudadanía, en resumen, se necesita de un sistema de equilibrios donde los individuos expresan la potencialidad de sus talentos, un Estado que promueva estas iniciativas y una instancia que tenga la sabiduría de aplicar estas leyes con apego a los más altos intereses nacionales, quiere decir, se necesita de una Democracia plena donde la gente decida con su voto el rumbo del país.
Y este es el punto clave para la evaluación de Venezuela a nivel internacional al momento de plantearse cualquier intercambio comercial, cualquier inversión, cualquier iniciativa que requiera de la confianza que se necesita. La pregunta obligada es si en Venezuela existe un sistema judicial que satisfaga los estándares mundiales indispensables para hacer negocios- En materia penal la Corte Penal Internacional determinó que en nuestro país no existe un sistema de justicia autónomo y eficiente, lo cual puede llevar a una conclusión obvia, tampoco existen garantías en materia económica para quienes aspiren realizar transacciones o inversiones con Venezuela. Eso es algo que significa un obstáculo muy grande para el propósito de integrarse al BRICS, la alianza de países emergentes que tiene gran auge a nivel mundial-
Así tenemos que sin un sistema de justicia eficiente, autónomo, profesional y con credibilidad, cualquier intento que se haga en Venezuela para mejorar la producción, el comercio, y cualquier intercambio económico que permita mejorar el nivel de vida de la población, no será posible, porque sin una justicia confiable tenemos cerrados los caminos para la prosperidad nacional. Debemos entender que libertad, protección económica, respeto al capital y al trabajo, resguardo a los derechos humanos, es un todo interconectado entre sí y que solamente funciona en Democracia, al menos ello es así para los países inscritos en el mundo occidental.
En estos momentos el tener un sistema de justicia honorable, eficiente, profesional, autónomo, es algo esencial para reconstruir la institucionalidad de la República y debe ser una tarea colectiva, por encima de cualquier interés parcial o limitación política, el promover este valor fundamental sobre el cual reposa el éxito de las naciones que han logrado darle a su pueblo una vida decente y autosustentable.
Nada más oportuno para terminar nuestro artículo que lo dicho por el Premio Nobel de Economía del 2024 James Robinson:
“No se puede lograr una economía inclusiva con un régimen autoritario»
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
