Piero Trepiccione, cuya aquilatada experiencia profesional le hace ser oportunamente entrevistado por medios nacionales e incluso internacionales, es de la opinión de que para la recuperación de la confianza en el Consejo Nacional Electoral, restablecer el principio de las representación proporcional de las minorías y lograr la institucionalidad del país, se requiere de una reforma amplia y profunda de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, sobre todo porque todavía no puede ser pasada la página del 28 de julio, por cuanto ésta tiene interrogantes que deben ser despejados ante el país y, desde luego, el mundo entero.
Al ser consultado por El Impulso al respecto, dice que debe producirse una consulta muy extensa para atender todos los planteamientos que deben hacerse para que la ley en cuestión se adhiera a la Constitución y a los principios fundamentalmente democráticos.
En ese sentido agrega:
“No es que yo vaya a discutir nada más con los que me convengan la reforma de la ley y no con todos los sectores polìticos del país y, además, brindar la información exigida por la ley vigente, como por ejemplo la publicación de los resultados desagregados de las elecciones, para recuperar la legitimidad política electoral que necesita el país.”
A pesar de que no se ha pasado la página del 28 de julio, ¿es obligatorio que este próximo año 2025 haya elecciones para escoger gobernadores, alcaldes, miembros de la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos?
Sí, por mandato constitucional. Porque se vencen los períodos tanto de la Asamblea Nacional como de las gobernaciones y alcaldías. al igual que consejos legislativos regionales y municipales.
¿No resultará muy complicado realizar tantas elecciones en forma simultánea?
Técnicamente es posible hacerlas. Evidentemente, tienen que ser convocadas con mucha antelación y, necesariamente, armar un cronograma, muy distinto al de las elecciones presidenciales, que fue muy restrictivo, demasiado corto. En este caso, tiene que ser un cronograma muy amplio porque, indudablemente, el nivel de complejidad de una mega elección es muchísimo mayor al de una elección presidencial.
¿Qué importancia tiene, al plantear usted la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el restablecimiento del principio constitucional de la representación proporcional de las minorías?
Sí, es urgente en este planteamiento de reforma de la mencionada ley, debe restablecerse el principio constitucional de la representación proporcional de las minorías. Hago hincapié en el hecho de que nuestro sistema electoral debe contemplar legalmente la representación proporcional de las minorías. El fundamento es que todas las minorías políticas en el país, independientemente del porcentaje de apoyo que tengan, puedan tener un nivel de representatividad política, tanto en la Asamblea Nacional como en los consejos legislativos y concejos municipales de acuerdo a esa proporción de apoyo que tengan; es decir, si el partido X ó Z sacó el 5 por ciento de los votos, por principio constitucional debería tener el 5 por ciento de la representación parlamentaria.
¿Por qué se perdió, omitió o se descartó ese principio siendo constitucional?
Con la reforma de la ley, que se hizo en 2008, que es la ley vigente, ese principio de representación de las minorías fue revocado. Esto quiere decir que la ley vigente está contraviniendo un principio constitucional. Dentro de la reforma que debe haber, se hace necesario recuperar dicho principio constitucional.
Ahora que habla de reforma en materia electoral, ¿no cree conveniente tratar el asunto del Consejo Nacional Electoral? Porque ese CNE a todas luces es un organismo predominantemente oficialista y además totalmente político. Tres de sus rectores principales son abiertamente militantes del partido del gobierno y los otros dos, también abiertamente de oposición, lo que indica que sus suplentes juegan en los mismos equipos y, por tanto, nunca serán imparcial. ¿Qué nos puede decir?
Eso es parte de lo que estamos planteando. Ese es el punto expuesto de recuperar la legitimidad política y electoral. Uno de los elementos esenciales es, efectivamente, designar una nueva directiva del CNE, que obedezca a criterios técnicos y no partidistas. Eso significa que sean funcionarios del área, pero con conocida trayectoria independiente. No puede ser que un militante de partido renuncie el día anterior o unos días antes de ser seleccionado rector del CNE. Eso no ayuda al fortalecimiento de la democracia. Tienen que ser rectores designados por poseer profundos conocimientos técnicos y aval universitario, de trayectoria independiente reconocida por la sociedad y la confianza plena de la población.
¿No se acude a las universidades para escoger a funcionarios competentes que deben asumir responsabilidades del Estado?
Lo que pasa es que esos principios, lamentablemente, se fueron dejando de lado. La designación de los rectores del CNE obedece más a criterios políticos partidistas que a criterio técnico. Eso ha afectado seriamente la credibilidad del CNE. Es por ello que es urgente recuperar la confianza, lo cual permitirá que gane quien gane un proceso electoral, lógicamente con reglas claras, con árbitros autónomos y mediante verificación exhaustiva, debe ser reconocido por la parte perdedora. Eso es lo esencial en una democracia y en algún momento ocurrió en Venezuela. Pero, en los últimos tiempos hemos visto ha sido imposible un reconocimiento entre tirios y troyanos de los resultados de un proceso electoral porque, evidentemente, se han distorsionado ciertos mecanismos y ciertos elementos jurídicos, lo que hace que la confianza no sea lo suficientemente amplia como para que se convierta en legitimidad política electoral.
Hay otro detalle que no se puede pasar por alto en los procesos electorales: el ventajismo del gobierno, el cual impide que los candidatos que le adversan tengan oportunidad de utilizar los medios de comunicación oficiales, los candidatos oficiales pueden utilizar todos los medios de transporte que están en manos del gobierno para movilizar militantes y hasta son clausurados los restaurantes y multados los hoteles donde pernoctan los candidatos de oposición, además de impedirles movilizarse y hasta utilizar aparatos de sonido, como son algunos de los tantos casos denunciados. Antes, el Estado tenía partidas exclusivamente para fortalecer a las organizaciones políticas y que éstas no dependieran de apoyos de grupos que busquen favorecer sus intereses. ¿No se le está abriendo la puerta a mafias que puedan tener sus candidatos para que alcancen posiciones importantes en la conducción del país o de los estados?
Es necesario e importante examinar la situación de la financiación, para que los partidos puedan funcionar legal, honesta y transparentemente. Se debe considerar ese asunto para que los partidos no lleguen a depender de grupos delincuenciales o de que se tenga que usufructuar de bienes públicos para realizar sus campañas electorales. Tiene que haber transparencia financiera en las campañas. Debe haber revisión financiera de las campañas. Hay que abordar el tema de cómo se recauda dinero para hacer campaña electoral. Son muchas cosas que necesariamente tienen que regularse y establecerse en estas reformas electorales, porque el tema del ventajismo en el poder es una de las cosas que más daño le hace a la democracia. La Ley de Procesos Electorales debe establecer mucha firmeza. Los candidatos deben participar en un equilibrio de espacio publicitario para sus intervenciones, entrevistas y actuaciones en medios públicos y privados. No puede haber un ventajismo de parte de quien esté en el gobierno. Tienen que haber normas igualitarias para quienes estén en el gobierno y en la oposición. De allí la importancia de una ley de procesos electorales, que, efectivamente, fortalezca la democracia y la participación política en el país. Por eso no se puede reformar, entre gallos y medianoche, una ley sin que participen todos los sectores en el país.
No se puede ocultar que el narcotráfico actúa en Venezuela. Continuamente el propio gobierno informa de incautación de cargamentos de drogas. ¿Cuáles serían las consecuencias si los narcotraficantes penetran la política venezolana?
Por supuesto es muy grave y eso es en parte la necesidad de reformar nuestro sistema legal en relación a los procesos electorales. La transparencia del financiamiento de las campañas, de la forma de rendición de cuentas ante el ente electoral y desde luego ante el país, es lo que nos lleva a hablar del tema de recuperar la legitimidad política y electoral del país, a través de una reforma electoral. Pero, esa reforma tiene que contemplar todos los aspectos.
Volviendo al 28 de julio, ¿la deuda es muy grande para el país?
Claro. Necesitamos saldar esa deuda para recuperar la legitimidad política y electoral del país, así como la confianza en el organismo electoral y en las instituciones. Aún hay muchas expectativas y muchas dudas que despejar.
