Cada mes, millones de empleados públicos en Venezuela reciben un salario mínimo de apenas 130 bolívares, lo que equivale a unos 3,5 dólares en el mercado actual. Esta cifra, la más baja de toda América Latina, representa el resultado de un largo deterioro económico que ha dejado a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Lo que en marzo de 2022 era un sueldo de aproximadamente 30 dólares, un monto bastante bajo de por sí, hoy no alcanza ni para cubrir el pasaje del día a día.
En un país donde los precios continúan subiendo y los salarios permanecen estancados, ya que se mantienen estáticos desde 2022, los venezolanos se ven obligados a recurrir a múltiples trabajos, algunos informales y otros inestables, solo para intentar “rebuscarse” y estirar el dinero hasta fin de mes. Es la realidad de quienes luchan día a día por poner comida en la mesa, en medio de un contexto de precariedad que parece no tener fin.
A pesar de que en los últimos años la economía nacional ha frenado su caída libre, saliendo de la hiperinflación y dejando atrás los tiempos de estantes vacíos y una pronunciada escasez de productos básicos, la recuperación real es mínima. Venezuela enfrenta una crisis económica profunda que afecta a la mayoría de su población, dejando a millones de personas en la pobreza o en riesgo de caer en ella. Según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, la pobreza multidimensional alcanza 51,9%, mientras que 82,8% de los hogares no cuenta con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos. Los niños no tienen una alimentación adecuada para su crecimiento, los abuelos no pueden comprar sus medicinas, los padres no paran de trabajar para intentar llegar a fin de mes.
El país sigue siendo incapaz de generar una recuperación sostenida y de largo plazo. La producción nacional sigue siendo paupérrima, afectada tanto por la falta de inversiones como por la desprotección jurídica que desalienta cualquier intento de reactivar el aparato productivo. La producción petrolera, que en tiempos fue el motor económico del país, se mantiene en cifras extremadamente bajas debido a la corrupción, la mala gestión y la falta de infraestructura moderna. Sin seguridad jurídica para los inversores y sin políticas públicas acertadas que estimulen el crecimiento y la producción, es imposible que la economía logre salir del estancamiento en el que se encuentra.
Es fundamental que se adopten medidas para revertir esta realidad. El Estado debe poner en marcha políticas que no solo estabilicen la economía, sino que promuevan un crecimiento inclusivo. Venezuela necesita recuperar su capacidad productiva, atraer inversión extranjera y garantizar condiciones laborales dignas para sus ciudadanos. De lo contrario, la crisis continuará profundizándose, dejando a más venezolanos atrapados en un ciclo interminable de pobreza y desesperanza. Casi 8 millones de nuestros hermanos han huido del país en búsqueda de oportunidades ¿Cuántos más deberán migrar para encontrar las condiciones que su nación no les brindó?
Los números son alarmantes, pero detrás de ellos están las historias de millones de venezolanos que enfrentan la realidad de un país donde la economía no funciona para ellos. No se trata solo de estadísticas, sino de vidas que cada día se ven afectadas por la falta de oportunidades, la inseguridad alimentaria y la precariedad laboral. Es necesario un cambio profundo, una nueva dirección que permita a Venezuela salir de esta crisis y construir un futuro en el que todos puedan vivir con dignidad.
Stalin González
