Siete menores de edad detenidos tras protestas postelectorales en el estado Carabobo fueron pasados a juicio por un tribunal con competencia en terrorismo. Los adolescentes tienen entre 15 y 17 años, entre ellos hay una adolescente de 16 años y dos han manifestado intenciones suicidas, por la situación que enfrentan.
Durante la audiencia preliminar telemática, celebrada 62 días después de la detención, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete adolescentes, acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales.
Pasan a juicio a menores de edad en Carabobo
Este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en Carabobo. El primero, de dos menores de edad, recibió la decisión judicial el pasado viernes 27 de septiembre.
Los jóvenes fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador, todos son representados por la defensora pública Kelly Pérez y, según los familiares, fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención.
Irregularidades en el proceso
El miércoles 02 de octubre, se celebró la audiencia preliminar telemática, encabezada por la jueza Keidimar Ramos Castillo. Primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena, tras el juicio, de 10 años. Algunos de los menores suplicaron por libertad.
Los jóvenes declararon en una grabación de video que les habían pagado $30 por salir a la calle a protestar. Sin embargo, las familias denuncian que lo hicieron después de ser víctimas de torturas. Además, afirman que ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
Audiencia en tribunal de terrorismo
Durante la audiencia telemática la jueza Ramos informó que “la defensa no promovió nada”. Las familias de los menores denuncian que la defensora pública no consignó ante el juzgado todos los documentos entregados por cada representante para demostrar la inocencia de sus hijos y sus condiciones de estudiantes o deportistas.
Sin embargo, creen haber escuchado a la defensora Kelly Pérez susurrar la petición de revisión de medidas cautelares, que fue negada por la jueza Ramos y posteriormente anunció el pase a juicio.
Según los padres, los jóvenes recibieron una oferta de la jueza: Se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. De lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno aceptó, por lo fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Padres de los menores no han visto los expedientes
Los padres no han podido ver el expediente de sus hijos. “Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?”, exigen.
“Dónde está el derecho a podernos defender, con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos”.
Intenciones suicidas en menores
Los padres de dos de los menores señalaron que han manifestado intenciones suicidas debido a la situación que enfrentan.
Las audiencias continuarán esta semana, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón se solidarizó con estas familias y condenó la indolencia con estos jóvenes, a quienes se les ha privado de su libertad por dos meses.
“Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro”, indicó la ONG.
