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“La cárcel hace un daño terrible y deja una huella imborrable en los muchachos y adultos detenidos que nunca en su vida olvidarán, por eso es que el daño causado a las personas es irreparable y por lo tanto es importante hablarlo, discutirlo y tratarlo”.
Así se refirió Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a las detenciones en el contexto de las manifestaciones postelectorales, durante el taller “Lo legal de lo ilegal de la justicia venezolana”, realizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el lunes 30 de septiembre.
Prado criticó que dos meses después de las detenciones, todavía hay privados de libertad que no han podido ver a sus familiares o comunicarse con ellos. “El Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que lo relacionado con las visitas estará contenido en el reglamento del presente Código. Sin embargo, el COP, aprobado en 2015 y reformado en 2021, todavía no tiene reglamento y queda a criterio de los que tienen a estas personas bajo su custodia”.
Igualmente, destacó que a los detenidos les niegan el derecho a tener su abogado de confianza y los instan a que asuman los hechos de terrorismo, con la asistencia de un defensor público que sigue instrucciones del régimen, aún siendo inocentes. Según considera Prado, es importante insistir en la defensa de los detenidos arbitrariamente, quienes deben ser liberados de inmediato y sin restricciones, aunado a que estos antecedentes deben ser borrados porque los condena de por vida a nivel nacional e internacional.
El taller contó con la presencia de Juan Carlos Aptiz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, la abogada Daniela Suárez y el abogado Joel García.
García agregó que los detenidos en el contexto electoral no enfrentan un problema jurídico sino político, ya que el gobierno de Nicolás Maduro le atribuye un delito a cualquier persona y no le permite “lo mínimo” que es su derecho a la defensa.
“Actualmente nadie tiene derecho a acceder a un abogado de su confianza. Tenemos una gran cantidad de adolescentes detenidos, que si bien es cierto pueden cometer delitos, los procesos de los adolescentes son distintos a los procesos de los adultos. La Lopnna establece que esos procesos no son de tipo punitivo sino más bien restaurativos y hasta educativos, porque el adolescente tiene que estar acompañado de sus padres y representantes en esos procesos y en este caso a los padres o representantes no le han permitido estar en ese proceso educativos y restaurativos”, explicó.
El profesor universitario sostuvo que Venezuela se encuentra en su momento más oscuro, porque no hay justicia “por ningún lado”. Detalló que a pesar de que en el país siempre se han registrado casos de persecución, detenciones arbitrarias, represión y violaciones al debido proceso es grave que en la actualidad no se permita a los privados de libertad que puedan tener acceso a su defensor de confianza.
“No hace falta cometer delito para estar preso en Venezuela, no hace falta una orden de aprehensión de un tribunal, basta con decir ‘operación tuntún’. En Venezuela estamos en el momento más oscuro, no hay justicia por ningún lado. Estamos en una situación gravísima, nunca antes el país había atravesado una situación como la de ahora”.
Después de las elecciones presidenciales se generaron protestas en el país, en rechazo a la promulgación de Nicolás Maduro como presidente, y los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a jóvenes y adolescentes, que según Maduro pasaban de 2000 personas aprehendidas una semana después de los comicios.
De acuerdo con las cifras de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela hay 158 adolescentes detenidos, 130 hombres y 28 mujeres. La mayoría de los detenidos fueron imputados por los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, y además se registran casos de privados de libertad que no han podido recibir la visita de sus familiares.
Situación de Venezuela en la CPI
Por otro lado, la abogada experta en derecho penal internacional, Daniela Suárez, explicó a estudiantes, docentes y profesionales de otras áreas que asistieron al taller la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Aprovechó para aclarar la diferencia entre los términos “situación” y “caso” con respecto al país.
“Situación se refiere a parámetros generales, donde se toma en cuenta el tiempo, el lugar donde se cometieron los crímenes y quienes pudieran ser potencialmente los responsables, pero hasta el momento estamos hablando de algo general porque todavía la Corte no tiene identificado al potencial responsable de los crímenes. Cuando se identifica al potencial responsable la CPI emite orden de arresto y es cuando esa situación se convierte en un ‘caso’. Como en Venezuela todavía no hay nada de eso, la forma correcta de llamarla es ‘situación’”.
Suárez también aclaró a los asistentes que los procesos ante la Corte demoran mucho tiempo. “Para nosotros lo importante es que llegue a un término, que llegue a una sentencia condenatoria y para eso se requieren suficientes pruebas. Hay órdenes de arresto que pueden emitirse un mes después de que se haya iniciado la investigación, otras han tardado años, porque no existe un lapso, cada caso es distinto y va a depender mucho de las evidencias con la que cuente la CPI”.
Con respecto a la relación de parentesco entre el fiscal de la CPI, Karim Kham, quien es cuñado de Venkateswari Alagendra, abogada que defiende al régimen de Maduro ante la Corte, Suárez aclaró que hasta el momento esto no representa un problema. Además, Alagendra estaba inscrita en la lista de abogados de la Corte antes de que Kham asumiera el rol y ya había tramitado otros casos.
“Hay un código de ética que rige a la CPI que prohíbe que dentro de los equipos haya relaciones de parentesco y ese parentesco no ha generado ningún problema. La fiscalía asegura que ellos están en constante revisión y que si se llegase a dar un problema a futuro, ya en la identificación del caso, ellos van a actuar para excluir a quien sea necesario”.
Suárez recordó que la oficina técnica de la Corte que se instaló en Caracas, en 2022, no interfiere en la investigación ya que esta se conduce únicamente desde La Haya.
“La oficina en Caracas es de asistencia técnica, no tiene nada que ver con la investigación de la CPI, no va a entrevistar a víctimas y testigos, toda la investigación sobre Venezuela se conduce desde La Haya”, aseguró la abogada.
Fase de resistencia democrática
Juan Carlos Aptiz, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UCV, recordó que hay seis estudiantes de esa casa de estudios detenidos. También se refirió a la deuda que tiene el Consejo Nacional Electoral al no publicar las actas electorales.
“La Sala Electoral (del TSJ) no tiene recursos para validar los resultados electorales. El CNE debe cumplir con su obligación y publicar las actas. A partir del 10 de enero entraríamos en un régimen de facto porque sin totalización de las actas no puede haber proclamación y quien se pudiera proclamar como presidente no es el que dice las actas, estamos en fase de resistencia democrática”, dijo durante el taller llevado a cabo en dicha facultad.
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