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La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, junto con CIVICUS, una red global de organizaciones de la sociedad civil, han emitido una carta en la que exigen al Estado venezolano que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Este llamado se centra en la situación de los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales.
En la misiva afirman que “urgente” que las autoridades “dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y que garanticen que todas las personas detenidas vean respetado su derecho a un juicio justo, lo que incluye el acceso regular de los familiares y defensa privada a información sobre la situación legal, física, psicológica y emocional de las personas detenidas”.
Asimismo, emiten otras recomendaciones para que se garanticen los derechos de los detenidos por razones políticas, entre las que se encuentran:
- Ubicación clara de los detenidos.
- Las ONG alertan que es indispensable que los familiares de los detenidos conozcan los procedimientos que están siendo ejecutados, esto para que “se les dé acceso efectivo y completo a los expedientes judiciales”.
- Indican que necesario que la ubicación de los privados de libertad sea transparente y que las autoridades informen en qué centro penitenciario se encuentran, así como información de traslados.
- “Esto es vital para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos”, advierten.
- De acuerdo al último balance del Foro Penal, continúan detenidas 1867 personas, entre ellos, 68 menores.
- Condiciones de reclusión
- En la carta abierta, y dirigida al Estado venezolano, advierten sobre las condiciones de reclusión, las cuales indican, deben garantizar un acceso a la información sobre garantías, frecuencia de visitas de familiares y legales.
- “De igual modo, debe ser accesible la información sobre la calidad y regularidad de las comidas, el estado de las celdas y la disponibilidad de camas, colchones y almohadas adecuadas, así como la higiene personal y el acceso a instalaciones sanitarias”, manifiestan.
Acceso a tratamientos médicos
- Exigen que el acceso a tratamientos médicos sean transparentes para todos los detenidos.
- “El acceso a tratamientos médicos debe ser transparente, con médicos de confianza, especialmente para aquellos con problemas preexistentes de salud física o mental. También es crucial tener procesos claros, conocidos y efectivos para prevenir, denunciar y sancionar la tortura y el maltrato, así como llevar un registro de los casos reportados bajo custodia estatal”, añaden.
Derecho a la defensa privada
- Organizaciones dedicadas a los derechos humanos de los presos políticos como Foro Penal y Encuentro, Justicia y Perdón han denunciado que a los detenidos después de las elecciones del 28 de julio no se les permite defensa privada.
- Dadas las denuncias, las ONG precisan que es necesario que el Estado venezolano “ponga a disposición de familiares y defensa de confianza información sobre la cantidad de personas privadas de libertad, por grupos etarios, origen nacional, etnia, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, y cualquier otra condición social relevante que pudiera afectar la garantía de derechos”.
Cese a las detenciones arbitrarias
- De acuerdo a los testimonios de los familiares de los detenidos, al momento de su arresto, no había orden de detención. Esto, dentro del ordenamiento jurídico, es considerado una detención arbitraria.
- El artículo 49, numeral dos, de la constitución venezolana establece que “toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”.
- “Las redes de organizaciones exigen el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y represión contra personas, manifestantes, activistas, periodistas, trabajadores de la prensa y personas defensoras de derechos humanos”, reclamaron.
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