El gobierno de Nicolás Maduro ha decretado que todos los venezolanos, sin excepción, deben presentar un pasaporte vigente o un “documento de viaje” aprobado por el consulado para ingresar al país, ya sea por vía aérea o terrestre.
La medida, que entró en vigencia el pasado 27 de septiembre, ha generado gran preocupación entre la diáspora venezolana, especialmente aquellos que residen en países con los que Venezuela ha roto relaciones diplomáticas.
Según fuentes consultadas por distinto medios nacionales, la decisión se tomó ante el aumento de casos de falsificación de documentos de viaje. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por dificultar el regreso de los venezolanos a su país de origen, especialmente para quienes viven en naciones donde los consulados venezolanos han cerrado.
Trámites engorrosos y costos adicionales
Obtener el “documento de viaje” o salvoconducto, que se otorga en casos de robo, extravío o vencimiento del pasaporte, implica realizar una serie de trámites burocráticos y asumir costos adicionales. Aunque el gobierno ha establecido que los menores de edad están exentos del pago, el arancel consular para adultos es de 60 dólares o euros.
Además, los tiempos de espera para obtener este documento pueden ser considerablemente largos, lo que dificulta la planificación de viajes. Se recomienda a los venezolanos iniciar el proceso de solicitud al menos una semana antes de la fecha prevista de viaje.
Impacto en la diáspora venezolana
La nueva medida representa un obstáculo adicional para los millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y esta restricción limita aún más su movilidad y dificulta el reencuentro con sus familiares.
Ante esta situación, la diáspora venezolana ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que exija al gobierno de Nicolás Maduro que flexibilice estas medidas y garantice el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos venezolanos.
