Un grupo de 31 países emitieron este jueves 27 de septiembre una fuerte condena a la situación en Venezuela, expresando su profunda preocupación por la represión, las violaciones de los derechos humanos y la falta de transparencia en el reciente proceso electoral.
En una declaración conjunta realizada al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos instaron al gobierno de Nicolás Maduro respetar la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Los firmantes destacaron la participación masiva de los venezolanos en las urnas, a pesar de los obstáculos y las presiones ejercidas por el gobierno oficialista. Sin embargo, denunciaron la falta de transparencia en el proceso electoral, las irregularidades denunciadas por observadores internacionales y la negativa de las autoridades a publicar resultados detallados.
Además, los países condenaron la represión generalizada contra la oposición, incluyendo arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y asesinatos. La reciente orden de arresto contra el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien según los registros electorales obtuvo la mayoría de los votos, fue calificada como un acto de persecución política.
También exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos fundamentales. Asimismo, solicitaron el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.
La declaración conjunta concluyó haciendo un llamado a los líderes políticos venezolanos a iniciar un diálogo inclusivo y constructivo para encontrar una salida pacífica a la crisis y restablecer la democracia en el país.
A continuación el texto completo del comunicado:
El siguiente es el texto de una declaración conjunta de los Gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
Treinta y un países nos reunimos al margen de la Asamblea General de la ONU para discutir nuestras graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos allí.
Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos que enfrentó. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los centros de votación, como se exige.
Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto por motivos políticos emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien, según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio, lo obligó a abandonar el país.
Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de forma pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Exigimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil.
Asimismo, hacemos un llamado a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos regrese de inmediato a Venezuela y se creen las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente con su mandato. Asimismo, hacemos un llamado a Venezuela a que defienda y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano.
Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien debates constructivos e inclusivos sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país.
