A reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país, ha instado al Estado venezolano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
Esta recomendación surge tras la evaluación del cumplimiento de Venezuela con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por el país en 1967.
En efecto, desde su sanción en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley contra el Odio ha sido objeto de críticas por su aplicación, que ha resultado en censura, autocensura, detenciones arbitrarias y procesamiento judicial de al menos 153 personas, según datos de la organización Foro Penal. Entre los afectados se encuentran 12 trabajadores de la prensa y 6 medios de comunicación, quienes han sido víctimas de acciones legales o amenazas y hechos de intimidación.
IPYS Venezuela, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, suscribió un informe alternativo al CERD. En este documento, se recomienda al Estado venezolano cesar de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, amenaza y persecución en contra de la sociedad civil, lo que incluye a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes y lideresas de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables. Además, se pide asegurar la investigación y sanción de los perpetradores de estos actos.
