Maryolga Girán, abogada y presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria, a propósito del Día Internacional del Trabajador, indicó que este primero de mayo en Venezuela será el más amargo para los trabajadores, debido a la situación de país que a todos tiene en estado de crispación y angustia, y en el caso de Barquisimeto por todas las agresiones de las cuales fueron víctimas decenas de larenses por participar en marchas y exigir el reconteo de votos.
En tal sentido, señaló que hacer una celebración es difícil y si es por la parte de los organismos públicos peor si es realizada de forma obligada.
Si a eso de le agrega el escenario que hay para los trabajadores no es el más halagador después de un año de aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, firmada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías mediante vía Habilitante, la cual la vendió como la mejor ley del mundo, acotó.
Ahora resulta que en este momento la mejor ley del mundo para el Gobierno esté siendo echada a un lado sin la menor importancia desde el mismo Ejecutivo, en la persona del ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, cuando en un acto dijo que no le importaban las leyes laborales, lo cual representa una peligrosa amenaza de despidos masivos, señaló, peor aún cuando este mensaje fue ratificado posteriormente por el presidente Nicolás Maduro, un hombre que viene del movimiento sindical, por lo cual representa una condena de muerte a la clase trabajadora.
Esto quiere decir que los aumentos salariales que está previendo el Ejecutivo serán a largo plazo muy inferiores al porcentaje de la inflación, problema que por cierto no ha podido controlar el Gobierno al culpar a los empresarios de especuladores y usureros, cuando la verdad es que el aparato productivo de Venezuela está paralizado por infinidad de razones, una de ellas las imposiciones de la Ley de Control de Costos y Precios Justos que les impide tener maniobras financieras a las empresas, por una parte, y por la otra restricción de divisas para la compra de materia prima, gracias a esta errada política económica gubernamental.
Para completar este grave panorama está la Ley del Trabajo que obliga a incrementar salarios, contratar personal y reducir la jornada laboral, para lo cual las empresas se ven forzadas a cubrir con mayor número de personal los turnos.
Manifestó que es una ley exigible únicamente para el sector privado, pero el sector público pareciera tener toda la libertad de violarla, y así lo ha comentado el ministro Molina, en aparente concordancia con el pensamiento de Maduro, a quienes se presume no les importan las leyes laborales.
En este marco, puntualizó, el tra bajador no solamente es agredido, sino que recibe advertencias de que cuando el Gobierno tenga el control comenzará una operación limpieza, es decir, pretende sacar de los cargos de la administración pública a adecos y copeyanos, ubicándolos a través de la lista de Luis Tascón.
Reiteró que no hay nada que celebrar, aunque a los trabajadores del Gobierno, los más maltratados, se los llevarán a punta de látigos a marchar y tendrán que hacerlo temerosos de no perder el empleo.
Recordó que el primero de mayo del año pasado había trescientos contratos colectivos por discutir en la administración pública, este año aumentaron a trescientos cincuenta, muchos de los cuales tienen catorce años vencidos, y lo peor es que en varias alcaldías y gobernaciones no se revisan estos contratos en razón de que el Gobierno no les aprueba los recursos a las regiones para cumplirle a esos empleados afectos a los factores democráticos.
Este es un gobierno socialista que humilla al ciudadano a que vote por su ideología, por el solo hecho de regalarle una lavadora, una cocina o casa, lo cual deja al descubierto que no hay planes sociales, sino de limosnas, y los votos se dan por caridad. Así no va a progresar más nunca este país, esgrimió.
“Este es el momento estelar del movimiento sindical autónomo”. Observa prudente esperar de qué manera responde a través de la Corporación de Trabajadores de Venezuela (CTV), en la cual hay siete millones de personas, millón y medio de ellas se encuentran en el sector público, desprotegidas, con amenazas tanto del Gobierno como de los sectores sindicales oficialistas, que advierten con sacar nuevamente la lista Tascón, uno de los peores crímenes que se puede cometer contra el ser humano, ya que podría dejar a muchos trabajadores en la calle.
“Cuando el Gobierno le quita el pan de la boca al trabajador, se lo está arrebatando también a sus hijos, a su familia, y a la vez está creando pobreza, al condenarlo al hambre por cómo piensa. Es lo más fascista, y se convierte en crimen de lesa humanidad”, lamentó.
Agregó que estará atenta a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para conocer el número de botados de la empresa petrolera, de ministerios, de las empresas básicas de Guayana, y gobernaciones, entre otros organismos públicos, después que pase el Día del Trabajador, “que considero superan los mil”.
Califica de grave el hecho de que en entidades del Gobierno se estén difundiendo panfletos indicando que denuncien a los apátridas, provocando desafíos y división social terrible con esta actitud represiva, de zozobra y amedrentamiento.
En cifras, el INE reporta una población activa de trece millones y medio, de los cuales siete millones y medio están en el sector formal y más de cinco millones en el sector informal, esbozó, y adicionó que dicho instituto registra un millón de personas en calidad de desempleados.
Detalló que de los siete millones y medio que ejercen sus trabajos en el sector formal, dos millones y medio laboran en el sector público, y cinco millones en el privado. El aporte de este último es equivalente al 46%.
Reveló además que el mayor número de personas adscritas a un sindicato están en el sector público, cuyo número es de un millón seiscientos mil, y sólo quinientos mil se encuentran en el sector privado, ya que los sindicatos en el sector privado hacen vida en las industrias y cada día cierran sus puertas.
En el sector comercio y servicios hay pocos sindicatos, informó.
Deploró que toda esta situación podría conducir a una gran conflictividad social en el país, sobre todo por la presión que desde todos los flancos se está ejerciendo contra la convivencia pacífica de los venezolanos, con represión militar, instituciones absolutamente plegadas al Gobierno para no darle tranquilidad a la sociedad, como la resistencia de un Consejo Nacional Electoral de no realizar un conteo, lo cual genera intranquilidad y angustia en la población.
