Un video de TikTok que vi hace un par de días por la red X, mostraba a una señora absolutamente desesperada en el momento cuando miembros de la Policía Nacional Bolivariana se llevaban detenida a su hija, que había sido testigo de mesa en las elecciones del pasado 28. Según ella, la presidente de su consejo comunal “la había sapeado”. Y su angustia desbordada no era para menos…
El 15 de agosto, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, señaló en una entrevista para Punto De Corte, que es muy difícil saber en qué condiciones se encuentran “ya que no hay acceso a los detenidos, es como una instrucción de no permitir abogados distintos de los defensores públicos… Aunque se tienen reportes como el del estado Mérida, donde las mujeres detenidas estarían siendo sujetas a algunas formas de abuso, una de las irregularidades graves es que (en la mayoría de los casos) no hay acceso para corroborar si están siendo víctimas de maltratos”.
¿Cómo es posible que no haya posibilidad de que las detenidas -aún si fueran culpables de lo que se les acusa- no puedan tener acceso a sus abogados defensores? ¿Por qué las maltratan?
La situación de las mujeres presas políticas es un tema que suscita una profunda preocupación en el ámbito de los derechos humanos, y con toda la razón. Primero, porque las presas políticas han sido encarceladas no por delitos comunes, sino por razones relacionadas con su activismo político, oposición al régimen gobernante, o por participar en movimientos sociales. Según Himiob, los cargos que les están imputando son terrorismo e incitación al odio, desobediencia a la autoridad y traición a la patria.
Las presas políticas son particularmente vulnerables a sufrir abusos físicos y psicológicos en las prisiones y esto incluye violencia sexual, por parte de otros reclusos o del personal penitenciario. Además, muchas prisiones no cuentan con las instalaciones adecuadas para albergar a mujeres, lo que resulta en condiciones insalubres y degradantes. La falta de acceso a servicios de salud, especialmente relacionados con la salud reproductiva, es otro aspecto crítico que las afecta.
La desigualdad de género en muchas sociedades significa que las mujeres ya enfrentan desafíos significativos en términos de acceso a la justicia y protección de sus derechos. Cuando estas mujeres son encarceladas, estas desigualdades se amplifican, porque el ir presas por razones políticas las coloca en una posición aún más vulnerable. Y esa vulnerabilidad de las presas políticas no es solo un problema individual, sino que tiene repercusiones más amplias para la sociedad en su conjunto. La forma en que se trata a estas mujeres refleja los valores y principios de un país en términos de derechos humanos y justicia social. ¿Queremos seguir viéndonos en ese espejo?…
Las mujeres presas políticas a menudo son madres, hermanas e hijas. Su encarcelamiento no solo afecta su bienestar, sino que también impacta a sus familias y comunidades. Los niños que quedan sin sus madres pueden experimentar traumas emocionales y problemas de desarrollo, lo que a largo plazo afecta definitivamente la cohesión social y el bienestar de la comunidad.
La situación de estas mujeres ilustra cómo se entrecruza la opresión política con la desigualdad de género. Pienso que abordar esta vulnerabilidad es esencial, no sólo para protegerlas, sino también para avanzar en la lucha más amplia por la igualdad de género. La liberación de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos son pasos cruciales para construir sociedades más justas y equitativas.
La comunidad internacional ha ejercido presión a través de organismos internacionales, ONG y gobiernos, pero sus esfuerzos han sido infructuosos, porque no han contribuido a mejorar ni las condiciones de encarcelamiento, ni el respeto por los derechos humanos.
El tema de las mujeres presas políticas merece atención urgente y acción colectiva. Y no se trata únicamente de proteger a un grupo específico, sino de defender principios fundamentales de justicia, equidad y dignidad humana. Para lograr un cambio sustancial, es esencial que todos los sectores de la sociedad —incluidos gobierno, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y ciudadanos— se unan en un esfuerzo común. Al hacerlo, no solo se protege a un grupo en riesgo, sino que también se avanza hacia la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas para la población en su totalidad. La lucha por la libertad y los derechos de las mujeres es, en última instancia, una lucha por la libertad de todos.
Carolina Jaimes Branger
@cjaimesb
