El gobierno colombiano advirtió el lunes que no aceptará precondiciones sobre el tema de la participación política de la guerrilla, segundo punto de las conversaciones de paz que se llevan a cabo en esta capital, en tanto para las FARC el objetivo es buscar una solución para las mayorías nacionales.
«Las FARC han aludido públicamente de nuevo a la doctrina militar y al tamaño de las fuerzas armadas. Estos temas tampoco serán materia de discusión en La Habana y, menos aún, pueden ser precondiciones para la posible participación efectiva de la guerrilla», expresó Humberto de la Calle en un comunicado.
«Es necesario decir que para la delegación del gobierno, una cosa son las garantías renovadas de participación, las cuales garanticen a las FARC su incursión segura en la política, y otra muy distinta la decisión sobre la situación de sus dirigentes», agregó el jefe negociador del gobierno colombiano antes de entrar a la sesión de trabajo.
Un foro público comenzó el domingo en Bogotá para que los colombianos aporten sus opiniones respecto de la participación política, el segundo tema en la agenda de las negociaciones de paz que adelantan en la capital cubana las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Las dos partes todavía no informaron que hayan llegado a un acuerdo sobre el primer punto, el de la situación agraria del país, materia sobre la que también se hizo un foro público en diciembre.
En tanto, las FARC recalcaron que «en ningún momento estamos buscando la solución para los problemas de los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC, estamos planteándonos las soluciones para las mayorías nacionales y allí estamos incluidos nosotros», según Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarcá, miembro del equipo negociador de las FARC.
«De lo que se trata es de generar un ambiente jurídico y político que posibilite… que las grandes mayorías nacionales puedan ejercer su derecho y deber de construir una patria grande y justa donde quepamos todos», agregó Calarcá.
Mientras La Calle señaló que «sin armas, el Estado ofrece las garantías necesarias para que el antiguo grupo al margen de la ley se incorpore a la democracia… la pregunta sobre quién de ellos, en cada caso, puede ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia».
Cuba y Noruega son los países garantes del proceso de paz que comenzó en noviembre en esta capital. Chile y Venezuela acompañan los diálogos.
