La decisión del líder opositor Henrique Capriles de impugnar los resultados de los comicios del 14 de abril y de no participar de la auditoría del proceso electoral en el caso de que no se cumplan las condiciones que demandó, ha crispado las tensiones en el país, mientras el oficialismo insiste en acusar a opositores de promover planes de desestabilización.
La posibilidad de que la crisis política que enfrenta el país encuentre un camino de distensión se alejó cuando Capriles anunció la víspera que impugnará legalmente la votación ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación.
El directivo electoral, Vicente Díaz, dijo el viernes que en las próximas horas la directiva del Consejo Nacional Electoral anunciará al país los términos de la auditoría que se realizará en las siguientes semanas y adelantó que el proceso no incorporará la revisión exhaustiva de los cuadernos de votación, tal como lo había exigido la oposición.
Díaz indicó a la prensa que Capriles «está en su legítimo derecho» de exigir la auditoría exhaustiva de los cuadernos de votación porque eso le permitiría determinar si hay inconsistencia con los electores que sufragaron e impugnar la votación.
El directivo confirmó que el organismo ha recibido una enorme cantidad de denuncias de presuntas irregularidades que están siendo procesadas, pero insistió en que hasta el momento no tiene ninguna razón para dudar de los resultados electorales.
Agregó que sigue apoyando la tesis de que se haga una auditoría de todos los elementos del proceso electoral, incluyendo los cuadernos de votación, para «darle tranquilidad a los contendientes, a sus seguidores y a la familia venezolana».
Díaz dijo que es «perfectamente legítima y valida» la decisión que tomó Capriles de impugnar la votación.
Aunque el dirigente opositor se mostró pesimista de que su solicitud de impugnación sea aceptada por un Tribunal Supremo de Justicia señalado de simpatizar con el oficialismo, dijo en una entrevista en el canal de noticias Globovisión que persistirá en sus denuncias de supuestas irregularidades electorales con la aspiración de que haya una «nueva elección».
Tanto la auditoría como el proceso de impugnación son vistos por analistas como las salidas para solventar la crisis política que se desató luego de las pasadas elecciones en las que Nicolás Maduro logró 7,5 millones de votos, superando por un estrecho margen de unos 200.000 sufragios a Capriles.
Mientras la oposición mantiene la pugna electoral y la postura de desconocer a Maduro como presidente, el oficialismo también ha recrudecido los ataques contra algunos adversarios del gobierno que son señalados como los promotores de planes desestabilizadores.
Un estadounidense fue acusado el jueves de crear agitación a nivel nacional en un plan en el que estaría vinculado un grupo de jóvenes opositores.
El diputado oficialista Pedro Carreño, presidente de la comisión legislativa que se creó para investigar las violentas protestas ocurridas luego de las elecciones, exigió el viernes a la Fiscalía General actuar con celeridad para procesar a los opositores implicados en esos actos, entre los que ha sido incluido Capriles.
«Exhortaremos al Ministerio Público a que se impongan las sanciones correspondientes. Solicitaremos primero a la instancia competente la incautación de todos los bienes a los responsables, que se les congelen las cuentas y la medida de prohibición de enajenar, gravar, vender o cederlos para que sean confiscados y con ellos resarcir los daños al patrimonio público y a los particulares. Estamos frente a una derecha reaccionaria, corrupta e infame», dijo Carreño en una entrevista en la televisora estatal.
Carreño desestimó el anunció que realizó Capriles, pues dijo que la «oposición carece de pruebas para impugnar las elecciones» ante las autoridades judiciales.
En la Asamblea Nacional, el presidente del cuerpo legislativo, diputado oficialista Diosdado Cabello, prohibió el derecho de palabra a los congresistas opositores hasta que reconozcan a Maduro como presidente.
El diputado opositor Eduardo Gómez Sigala cuestionó las actuaciones de Cabello y dijo en declaraciones difundidas el viernes en el diario local El Universal que «estamos frente a la disolución del Estado de derecho, frente a un golpe de facto en la Asamblea avalado por el señor Maduro, que lo que hace es añadir mayor ilegitimidad en este país».
Gómez Sigala indicó que la legitimidad de Maduro se resolvería con un proceso de auditoría, como lo ha planteado la oposición, ya que «de lo contrario va a continuar la ilegitimidad, la inestabilidad, la intranquilidad de un país que no se va a detener frente las denuncias que se han venido haciendo».
El plazo máximo para presentar el recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia es el 6 de mayo, es decir en los 15 días laborables siguientes a la elección. Hasta ahora los líderes opositores no han dicho cuándo lo harán.
Por la ley venezolana en cada proceso electoral se debe auditar 54% de las cajas electorales. Tras desconocer la victoria de Maduro la oposición demandó auditar los resultados, a lo que las autoridades electorales respondieron el 18 de abril que revisarían el 46% restante de las cajas de votación.
El Consejo Nacional Electoral había dicho que esta semana anunciaría el comienzo de esa auditoría, pero hasta el momento ha mantenido silencio. La revisión fue aceptada por Maduro el mismo día de su victoria al decir que podían abrirse todas las cajas y contarse nuevamente los votos.
Pero desde entonces voceros del gobierno y del Consejo han dicho que esa auditoría se hará sólo con las actas que emiten las máquinas, sin mencionar los cuadernos de votación.
El ex diplomático venezolano ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay, afirmó el viernes a la AP en entrevista telefónica que «cualquier gobierno sensato tiene que buscar mecanismos en donde pueda reflejar su credibilidad como institución que ganó las elecciones, sino el gobierno de Maduro quedará aislado ante la comunidad internacional».
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