Human Rights Watch presentó el martes un informe en el que documentó violaciones de derechos humanos de menores de edad arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador, que otorga al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para combatir a las pandillas.
El documento de 114 páginas detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos en contra de menores detenidos en el marco de la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, arraigadas por más de tres décadas en barrios y comunidades pobres.
El informe de la organización internacional indica que los detenidos, a los que las autoridades vinculan con las pandillas, han sido sometidos a condiciones deplorables de detención que han incluido, en ocasiones, hacinamiento y falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto con abogados y familiares.
Agrega que, en varios casos, los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto y que “muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso”.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
Las reformas al Código Penal también imponen penas de 10 años como mínimo a los que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
Desde que el Congreso aprobó el régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van desde los dos a los 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de forma excesivamente amplia, como el delito de agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados”, agregó el informe.
Human Rights Watch aseguró que “en muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”.
