Debido a la consternación en la sociedad larense por los hechos ocurridos el lunes 15 y martes 16 de abril, en las adyacencias de la oficina regional del Consejo Nacional Electoral en Barquisimeto, durante los cuales más de setenta personas, entre ellas tres damas, una de ellas abogada, fueron detenidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Destacamento 47, el profesor Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, fijó posición al respecto.
Indicó el profesional de la docencia que estos acontecimientos configuran un grave cuadro de violación de los derechos humanos por el uso masivo e indiscriminado de armas de fuego accionadas a quemarropa por parte de los militares actuantes, quienes, además, emplearon gases lacrimógenos prohibidos contra manifestantes.
Deploró que las personas privadas de libertad, trasladadas al Destacamento 47, pasaron horas sin ser atendidas por personal médico o paramédicos, y sometidas a tratos crueles e inhumano rechazados por las Naciones Unidas y por todos los protocolos internacionales de protección de los derechos humanos, a sabiendas de que estos delitos no prescriben para la ley.
Lamentó que en Lara, particularmente en Barquisimeto, se haya generado un conjunto de hechos de mayor violencia que constituyeron diversas violaciones en comparación al resto de otras regiones de Venezuela donde se produjeron manifestaciones durante los días lunes 15 y martes 16.
Acotó que en la familia UCLA, al igual que en la Iglesia católica y cristiana, los gremios profesionales y toda la sociedad larense se siente preocupada e indignada por esta serie de atropellos de los cuales fueron víctima hombres, mujeres y adolescentes de la localidad.
En tal sentido, acotó, en dicha universidad están trabajando de forma coordinada con el Comité de las Víctimas (Cofavic), con el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, “porque creemos que esta situación amerita una respuesta de la sociedad organizada de forma de garantizar la sanción para los responsables de estas violaciones y que no vuelvan a repetirse en abuso de la fuerza pública contra un pueblo desarmado”.
Manifestó que el trabajo realizado por el Cofavic, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCV está enmarcado en el Foro por la Vida, el cual realiza una labor rigurosa en manos de profesionales, basado en la doctrina de los derechos humanos.
Explicó que el mismo se encarga del registro, documentación, sistematización, divulgación y denuncias para el soporte consistente de los hechos que lleva posteriormente a instancias internacionales.
Puntualizó que todo este trabajo se viene llevando a cabo en el país, con especial atención en el estado Lara.
Sostuvo que las organizaciones antes nombradas centraron su mirada nacional en esta región y han estado en permanente comunicación con los defensores de derechos humanos de Barquisimeto.
Adelantó que se prepara una declaración pública en la que posiblemente se darán a conocer en detalles todos los casos de vejaciones y atropellos en esta entidad de las personas que fueron detenidas por el solo hecho de ejercer el constitucional derecho de manifestar.
Indicó que deben ser responsabilizadas y sancionadas las personas que dirigieron todas estas acciones que configuran delitos y no deben quedar impunes.
Pese a la intimidación, el temor y el miedo en las personas detenidas, agredidas y torturadas, y que fueron impuestas de medidas de presentación y sanciones pecuniarias en los tribunales, tienen gran disposición de asumir la denuncia.