El mes de julio, el séptimo del año, es transcendental en la historia nacional. El día 24 en 1783 nació Simón Bolívar, en Caracas, quien posteriormente sería reconocido como uno de los más grandes hombres de América y recibiría el honroso título de El Libertador, en reconocimiento de su papel estelar en la liberación de Venezuela y cuatro naciones más en el sur del continente. Un hombre polifacético que no solo luchó en el campo de batalla, sino que paralelamente deliberó de manera protagónica en diferentes Congresos y sería el promotor de leyes, proclamas y documentos de diversa naturaleza, por lo que nuestro movimiento de emancipación no sólo fue militar, propio de la época, sino además con altísimo contenido jurídico y político.
El 5 de julio de 1811 se constituyó en otro hito fundamental para nuestra nacionalidad. Los representantes de siete Provincias declaran la voluntad insoslayable de ser libres, soberanos e independientes, absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona española, constituyendo la Confederación Americana de Venezuela, con ideas vertidas en dos importantes documentos, el Acta de Independencia, redactada fundamentalmente por Juan Germán Roscio y refrendada por el Secretario del Congreso Francisco Isnardy, y un Manifiesto al Mundo, donde se detallan las razones que sostienen nuestro derecho a la libertad dentro de un Estado soberano.
Incidentalmente recordamos que el mes de julio era temido por quienes nos formamos durante la segunda mitad del siglo XX, sin derecho pre constituido de promoción de grado en los niveles escolar, medio y universitario, sin demostrar el previo cumplimiento del deber de estudiar y habernos preparado adecuadamente, para unos exámenes rigurosos que determinaban la alternativa de aprobar o ser reprobados, esta última con la posibilidad de reparar alguna materia, e incluso la de arrastrarla hasta comprobar suficiencia de conocimientos, mientras se cursaba el grado inmediatamente superior. Julio, en este año 2024 es inédito, el Consejo Nacional Electoral fijó para el día 28 la elección presidencial, sin hacer públicas las razones concretas de su decisión. Ni la Constitución Nacional ni las leyes especiales que rigen la materia, determinan la oportunidad de su celebración, solo está fijado por la carta magna el 10 de enero del primer año del período constitucional (2025-2031), para la toma de posesión por el candidato que resulte electo. Sin embargo, por tradición y en base al principio de la continuidad de las normas de rango constitucional no expresamente reformadas, en este caso la CN1947 y CN1953, al cual me he referido en artículos anteriores, la elección debería celebrarse entre octubre y diciembre del 2024.
Transcurridos 24 años en el ejercicio del gobierno sin solución de continuidad, el llamado Socialismo del Siglo XXI con dos Presidentes de la República, uno de origen militar y otro civil, debe presentarse ante una consulta popular, universal, directa y secreta con la pretensión de continuar en el ejercicio del poder.
Por tratarse de unas elecciones particularmente difíciles, donde varios partidos políticos que deberían ser los protagonistas en nuestro sistema electoral, están judicialmente intervenidos y por ende, no eligieron candidatos conforme lo previsto en sus normas constitutivas y reglamentarias internas; donde no están claras las razones políticas y jurídicas que condujeron a la inhabilitación de la señora María Corina Machado, quien a todas luces tiene de su lado el fervor y preferencia popular, pero aupando la propuesta del Dr. Edmundo González Urrutia como candidato único opositor, y cuando el gobierno luce agotado, con un rosario de promesas incumplidas y gruesos actos de corrupción sacados a la luz por las propias autoridades es conveniente, como soporte de credibilidad, que el Consejo Nacional Electoral, informe las razones de ruptura en la tradicional fijación de la fecha de escogencia del Presidente de la República, conscientes como estamos que el largo segmento entre la elección y la toma efectiva del cargo, no es hecho casual.
También junto con la Fuerza Armada Nacional, debe dirigirse al país asentando que no existe posibilidad de alguna variable en las condiciones ya publicadas, garantizando la paz y el desarrollo normal de todos los actos electorales. No es necesario firmar instrumento alguno por los participantes, la pureza de las elecciones es un derecho ciudadano extendido a los candidatos y en paralelo, un deber para las autoridades. ¡Dios bendiga a Venezuela!
Jesús A. Jiménez Peraza
@jesusajimenezp
