El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó este martes 26 de junio el informe «10 Años de persecución en Venezuela: La consolidación de un sistema sofisticado de represión«, un documento que da cuenta de la alarmante realidad que viven miles de venezolanos víctimas de persecución y criminalización por parte del Estado durante la última década.
A través de una exhaustiva documentación de casos y análisis, el informe pone de manifiesto la naturaleza sistemática de la represión en Venezuela, la cual, lejos de disminuir, ha evolucionado hacia técnicas más sofisticadas que permiten al régimen mantener su control bajo una falsa apariencia de normalidad y legitimidad.
Cepaz documenta más de 2.000 casos
Entre enero de 2021 y marzo de 2024, se han registrado 2.098 casos de persecución y criminalización en Venezuela, según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta alarmante cifra refleja el persistente uso de estas prácticas por parte del Estado y sus aliados para acallar la disidencia y controlar a la población.
Las víctimas de persecución no discriminan género
257 mujeres han sido afectadas, 737 hombres y en 1.104 casos no se pudo determinar el género. Las organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos son las más atacadas, con 186 casos documentados, seguidas por personas vinculadas a la política (730), la población en general (472), trabajadores de la comunicación (701) y universidades (9).
Patrones de persecución y criminalización:
En el informe se identificaron al menos 20 patrones recurrentes de persecución y criminalización, los cuales se detallan a continuación:
- Amenazas y hostigamiento: 881 casos registrados, incluyendo intimidación, difamación, acoso y campañas de desprestigio.
- Despidos Injustificados: 123 casos documentados, utilizados como herramienta para silenciar a empleados públicos y privados que expresan opiniones contrarias al gobierno.
- Detenciones Arbitrarias: 205 casos registrados, incluyendo arrestos sin orden judicial, privación de libertad y tratos crueles o degradantes.
- Inhabilitaciones Políticas: 49 casos documentados, privando a individuos del derecho a participar en la vida política del país.
Perpetradores:
Los responsables de estos actos de persecución y criminalización son diversos, pero se destacan las siguientes entidades:
- Fuerzas de Seguridad del Estado: 571 casos, incluyendo policías regionales, municipales y nacionales, Guardia Nacional Bolivariana, entre otros.
- Funcionarios Públicos: 566 casos, incluyendo alcaldes, gobernadores, ministros y trabajadores públicos.
- Asamblea Nacional (2020): 255 casos.
- Personas Adeptas al Gobierno: 167 casos.
- Poder Judicial: 133 casos.
- Comisión Nacional de Telecomunicaciones: 130 casos.
- Ministerio Público: 74 casos.
