El Instituto CASLA (Centro de Acción Social por la Libertad y la Autonomía) ha urgido a la Corte Penal Internacional (CPI) a avanzar con la investigación sobre la cadena de mando y los altos represores del régimen venezolano.
Esto surge en medio de «una nueva ola represiva» que ha afectado a miembros de partidos políticos y la sociedad civil en el contexto de las próximas elecciones presidenciales.
Según el comunicado emitido por CASLA, el gobierno venezolano ha llevado a cabo una serie de acciones represivas, incluyendo intimidación, acoso, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La situación ha afectado a 37 personas vinculadas a la oposición, con 20 de ellas directamente relacionadas con el comando de campaña del candidato Edmundo González. Además, se han registrado agresiones, amenazas y acosos contra miembros de partidos políticos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos.
El Instituto CASLA recuerda que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, y actualmente hay una investigación en curso en la CPI. La organización advierte que la represión es ejercida desde las más altas esferas del Estado con total impunidad, poniendo en peligro a líderes, activistas y defensores de la sociedad civil.
En vista de la evidencia presentada, CASLA insta a la Corte Penal Internacional a actuar conforme al Estatuto de Roma y avanzar en la investigación contra los responsables de estos crímenes.
De acuerdo al organismo la situación en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación, y es crucial que se tomen medidas para garantizar la rendición de cuentas y la justicia.
