Con algunas decisiones positivas, como la de convocar a la empresa privada de la alimentación y los medicamentos a reunirse para buscar fórmulas que permitan garantizar la fabricación y el abastecimiento de estos rubros, arrancó el nuevo gobierno su gestión, lo que en principio fue observado como síntomas alentadores de que pudiéramos estar en presencia de algo diferente.
Lamentablemente, lo que hicieron con las manos, lo desbarataron con los pies, aplicando otras medidas poco acertadas, como las acciones para restringir el derecho constitucional que tiene la población a protestar; las órdenes de perseguir, acosar y meter presos a líderes de la oposición, la eliminación del derecho de palabra a los parlamentarios de la oposición en la AN por no reconocer la legitimidad de Maduro y el quitarle la presidencia de todas las comisiones, si es una evidente manifestación del fascismo que le quieren enrostrar a la oposición.
Hace una semana en esta sección, fueron presentadas un conjunto de acciones que el nuevo gobierno debe atender en forma prioritaria, formuladas por gente seria, que no está pensando con criterios políticos ni partidistas, sino que desean lo mejor para el país y para los venezolanos, que no es otra cosa que dinamizar la economía, reducir los índices de delincuencia e inseguridad, aumentar la generación de puestos de trabajo y disponer con una mayor eficiencia de los cuantiosos ingresos petroleros que registra el Estado venezolano, así como los provenientes de la renta interna.
De acuerdo con las cifras oficiales que se manejan, durante la actual administración han ingresado al país, sólo por concepto de renta petrolera alrededor de los 400.000 millones, equivalentes a cerca de un 50% del ingreso total del Estado, ya que el otro 50% ha sido recaudado a través del impuesto que le cobran a todos los venezolanos; sin embargo, la preocupación que existe es que con tan cuantiosas cantidades de dinero y con una población de 29,0 millones de habitantes, la situación general del país siga siendo tan precaria.
Para la mayoría de los economistas nacionales, no afectos al proceso, esto se debe que buena parte de estos recursos han sido “regalados” a países como Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina, entre otros que siempre estuvieron beneficiándose de la chequera del desaparecido presidente venezolano, quien pretendía convertirse en un gran líder latinoamericano comprando voluntades a realazos, condición de la cual aspiran a seguir disfrutando con el nuevo gobierno, que llega al poder en medio de severos cuestionamientos, acerca de los métodos utilizados para mantenerse en él.
La herencia que está recibiendo el nuevo Presidente, es la de un país totalmente polarizado, donde hoy la oposición presenta una mayoría evidente, tal como se demostró en las pasadas elecciones; con un déficit fiscal superior al 18% que han intentado solventar con dos devaluaciones consecutivas, una de 46,5% el pasado 8 de febrero y otra un mes más tarde con las subastas del Sicad, cuyo porcentaje aún mantiene como un secreto bien guardado, pero que se estima en forma conservadora por encima del 140%, lo que tendrá un inevitable impacto inflacionario, como ya se observa en el primer trimestre cuando esta variable cerró en cerca de 8%, lo que evidencia que de mantenerse la tendencia, en vista de que no se está haciendo nada para revertirla, es muy probable que la meta de un solo dígito propuesta por el alto gobierno, siga esperando y estemos cerrando este año con una inflación cercan al 30%.
Economía postrada
Por otra parte, la economía sigue postrada, fundamentalmente por la escasez de divisas, ya que el Sistema Complementario aprobado para sustituir el Sitme, aún cuando con una sola subasta de US$ 200 millones, pareciera ser muy prematuro para emitir juicios, pero pareciera que se constituirá en un rotundo fracaso, ya que la cantidad de divisas subastadas en las que sólo participaron 383 empresas, que tampoco nadie conoce, apenas representa, según las estimaciones de Fedecámaras, solo un 0,002% de las necesidades reales de dólares del aparato productivo nacional.
El nuevo gobierno ha anunciado acciones inmediatas para resolver la crisis eléctrica, que se ha convertido en un problema de Estado, al que no han podido encontrar solución, tal como lo evidencian los constantes apagones que se registran casi a diario en las principales ciudades del interior del país; también se ha prometido aplicar un conjunto de medidas económicas, que hasta el momento han sido puros enunciados, porque las acciones concretas aún no se han visto.
Nada se ha dicho de la revisión de los precios de los productos alimenticios, con más un años sin ser ajustados, a pesar de las dos devaluaciones; los industriales de la harina de maíz, pastas, pan, arroz, carne, quesos, azúcar y leche, han presentado sus nuevas estructuras de costos, luego de los ajustes del tipo de cambio, pero siguen sin recibir repuestas, situación de ambigüedad que solamente está contribuyendo a profundizar la escasez y el desabastecimiento, por cuanto la capacidad del Estado para cubrir la demanda con importaciones, se ha reducido en forma significativa.
Los sectores de la producción han manifestado su mejor disposición para producir; sin embargo, requieren reglas claras del juego, precios justos y remuneradores y flexibilización en los controles de precios y de cambios, lo que no se avizora por ninguna parte.
