A mediados del año 1975 la entonces gobernadora del Estado Lara, Doris Parra de Orellana, aprobó un Decreto por medio del cual se ordenaba sancionar a todo infractor de las normas de tránsito terrestre con arresto, hasta por 72 horas dependiendo de la gravedad de la falta. Sin duda alguna lo que se conoció en el ámbito nacional como “Decreto 14”, sufría de irregularidades que lo hacían ilegal. La única autoridad que pudiera crear normas restrictivas de la libertad, según la Constitución, es la representada en esa época por el Congreso de la República, y sólo a través de una ley que debía aprobarse siguiendo las formalidades para su creación. Una autoridad ejecutiva, como es la de una gobernación, no estaba, ni está facultada para crear este tipo de normas limitativas del derecho de libertad.
Fueron muchas las protestas por la aprobación de dicho Decreto por cuya aplicación inflexiva hacían recluir en la Comandancia de Policía a decenas de ciudadanos diariamente, los cuales procedían de diferentes extracciones sociales, económicas y políticas. Ningún infractor sorprendido infraganti se salvaba, era la orden y se cumplía rigurosamente. Sin embargo, a través de dicha orden y su cumplimiento se comenzó a ver una reducción considerable de los accidentes de tránsito, lo cual se traducía en vidas salvadas, lesiones que no se producían y daños a los vehículos que se evitaban. A su vez, se fue creando una educación cívica por medio de la cual el ciudadano comenzó a respetar las leyes de tránsito de manera espontánea: aguardaba la luz verde de los semáforos para pasar la intersección, no sobrepasaba el límite de velocidad y otras conductas positivas que hicieron del Estado Lara y específicamente de Barquisimeto, un ejemplo para el resto del país. Los visitantes de otras ciudades se quedaban estupefactas ante la conducta cívica del larense.
La prueba de que los funcionarios no incurrían en el llamado “matraqueo” es que a la Comandancia de Policía llegaban, como ya dijimos, decenas de personas diariamente. Nadie escapaba de la ilegal, pero útil medida ordenada por doña Doris Parra de Orellana, algo que lo diferencia abismalmente de lo que está sucediendo actualmente en nuestra ciudad.
El hoy gobernador del Estado Lara, ordenó la detención de aquellos que incumplan la normativa de tránsito terrestre, con la excusa de que asistan de manera obligatoria a una charla al respecto. Esto constituye una ilegal intervención del derecho de libertad, la cual se ve restringida al ser coartado su derecho al libre tránsito. Pero lo grave de tal medida, además de su ilegalidad, es la conducta delictiva que provoca en los funcionarios que deben cumplirla. Efectivamente, el delito de concusión, que no es más que la extorsión que el funcionario ejerce a través de su autoridad sobre el ciudadano, está a la orden del día. Cotidianamente se observa al ciudadano acosado por dos o tres policías a fin de obtener su ilícito botín.
Es verdad que tanto el Decreto 14, como la actual orden del gobernador, adolecen de legalidad pues fueron dictados por autoridades incompetentes para ello, es actualmente la Asamblea Nacional la que podría crear estas sanciones a través de una ley, pero aparte de esta similitud, se alejan diametralmente en relación a su aplicación, que se profundiza debido a la rectitud con la cual se imponía el Decreto 14, en contra del desvergonzado y ruin trato al ciudadano a través del generalizado “matraqueo” actual.
No se trata de asumir una actitud inflexible ante todo lo ilegal, sino, como ya lo escribimos, a veces ese tipo de medidas puede traer consecuencias positivas, como sucedió con el Decreto 14 en los años setenta, pero la actual medida del gobernador lo que ha acrecentado es la corrupción y el abuso que se cierne sobre el ciudadano. El impacto desigual en la aplicación de dos disposiciones ilegales ambas, tenemos que ubicarlo en el sustrato ético que contienen las iniciativas locales, la primera dictada por una dama honorable que la impregnó de equidad y la segunda movida por un autoritarismo envanecido que no tiene ni control administrativo ni moral para supervisar el cumplimiento de los correctivos que se quieren aplicar.
Así tenemos que, desde la sencillez de estas medidas de tránsito terrestre, debemos tomar la ruta larga de las reflexiones teleológicas y aproximarnos a los preceptos de la moral kantiana donde lo bueno es el resultado de un proceso donde lo espiritual se sobrepone a los instintos básicos que buscan el dominio mediante la fuerza y la violencia. Es la ley natural que funciona como expresión de un proceso civilizatorio fundamentado en la piedad y en la solidaridad. En la puesta en práctica del Decreto 14 funcionó esa ley natural. La gente la sintió justa y correcta y la cumplió en parte por miedo a la sanción pero también como una norma o convenio ciudadano montado sobre principios éticos. Como ejemplo recordemos un episodio revelador: en una oportunidad detuvieron a un sobrino de Doris Parra por una infracción de tránsito y lo llevaron a la comandancia de policía, allí el infractor reclamó excepción del castigo basado en el parentesco con la gobernadora, la llamaron y le notificaron del caso, ella respondió: “Ajá, si es verdad, es mi sobrino y como está pidiendo trato especial por ello, vamos a dárselo, en vez de 48 horas le dan 72 horas de arresto por mi cuenta, porque la ley entra por casa”.
Vemos entonces que en el contraste de dos decretos regionales e ilegales, la diferencia se encuentra en la ética de las autoridades en su aplicación, una condujo a la reducción de accidentes y la otra al incremento y formalización de la corrupción a través del “matraqueo”.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
