La petición del líder opositor Henrique Capriles para recontar la totalidad de votos de las elecciones presidenciales en Venezuela encontró el miércoles un nuevo escollo, luego de que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que la Constitución y leyes locales no prevén un conteo manual.
Sin embargo, el abogado Perkin Rocha dijo a periodistas en el Tribunal Supremo que solicitó al máximo tribunal que se posponga el acto de juramentación de Maduro “hasta que no se lleve a cabo la auditoría de la totalidad de los votos”.
Rocha presentó su recurso en la jornada y la máxima corte puede fallarlo en cuestión de horas.
La magistrada y presidenta del Tribunal, Luisa Estela Morales, dijo que quien quiera que pida un reconteo completo ante las autoridades engaña a la gente, en una declaración criticada por analistas y expertos que ven una maniobra para cerrarle a la oposición un camino legal para impugnar los comicios presidenciales especiales para reemplazar al fallecido Hugo Chávez.
Capriles hizo una petición pública para recontar la totalidad de los votos emitidos el domingo en los comicios presidenciales, en los que la autoridad electoral dio el triunfo al oficialista Nicolás Maduro.
Su representante Carlos Ocariz presentó el miércoles formalmente la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral.
En una entrevista con el canal internacional NTN24, Capriles dijo que las declaraciones de la presidenta del Tribunal deben inhabilitarla de participar en cualquier análisis del caso si su petición llega al organismo judicial.
Sin embargo, la magistrada Morales dijo en rueda de prensa que “en Venezuela, el sistema (de votación) es absolutamente sistematizado, de manera que el conteo manual no existe”.
Dijo que al establecerse dicho sistema en 1999, que consiste en una serie de máquinas y pantallas electrónicas, se eliminó automáticamente el reconteo manual. El proceso está en marcha plenamente desde 2004.
Y aunque no precisó si eso significa que la petición de Capriles no procederá, su pronunciamiento pareció cerrar la posibilidad de que se haga un conteo voto por voto de las elecciones del domingo.
El lunes, el Consejo Electoral había dicho que el sistema es totalmente infalible y que no era necesario hacer el recuento manual. En un sentido similar se pronunció la fiscal general Luisa Ortega.
El último reporte de la autoridad electoral señaló que con 99.12% de los votos escrutados, Maduro obtuvo 7.563.747 de sufragios, ó el 50,75% del voto, y a Capriles 7.296.876 votos, ó 48,98%. Una diferencia de 266.871 de más de 14.800.000 sufragios emitidos.
La oposición sostiene que en la elección hubo irregularidades como más sufragios que electores en algunas mesas de votación, actos de intimidación de chavistas, inclusión de votos de personas que ya fallecieron y retiro de sus testigos.
“Ni Superman podría ganar una elección aquí”, dijo Diego Arria, un opositor que no forma parte de la coalición que postuló a Capriles. “Nos queda la opción de llamar a la Naciones Unidas, a la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no tendría ningún impacto aquí”.
Más tarde, Maduro dijo que no le interesa el reconocimiento de la oposición, que no ha aceptado el resultado de las elecciones hasta tanto no se realice un recuento total de la votación.
En una reunión con gobernadores oficiales, Maduro aseguró que las auditorías, que se realizan al 54% de las mesas de votación al concluir la jornada electoral en presencia de testigos ciudadanos, garantiza la transparencia de los resultados.
Pero aseguró que él acatará lo que el poder electoral decida en torno a los reclamos de la oposición.
Maduro exigió Estados Unidos dejar de intervenir en asuntos venezolanos.
El jefe de campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo el miércoles a periodistas que está de acuerdo en que se audite el 46% restante de las mesas, pero sólo para revisar las actas, no para recontar voto por voto.
El ex magistrado del Tribunal Supremo, Román Duque Corredor, desestimó el pronunciamiento de la presidenta de ese tribunal pues cree que sí es posible contrastar las boletas en las cajas con los registros de las máquinas de votación.
“La posición (de Morales)… viola la ética judicial al adelantar opinión sobre un asunto que puede llegar al Tribunal Supremo de Justicia y que además evidencia ostensiblemente su parcialización y compromiso político”, dijo Duque a The Associated Press.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales “se refiere expresamente y exige considerar la papeleta o boleta consignada como elemento de prueba de las posibles inconsistencias que pueden justificar la nulidad del acta de escrutinio”, dijo a su turno la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, en un comunicado.
“El recuento de los votos, junto a las protestas y a las manifestaciones pacíficas, es uno de los medios legítimos de la convivencia democrática. Negarlos es cerrar una vía de escape al desacuerdo”, destacó la academia.
Roberto Abdul, presidente del organismo civil de seguimiento electoral Súmate, dijo a la AP que si bien la Constitución venezolana no reconoce explícitamente el recuento manual de votos, tampoco lo prohíbe.
Dijo que las normas electorales sí prevén que en caso de dudas o problemas, por ejemplo con el funcionamiento de las máquinas electrónicas de votación, se puede hacer un conteo manual de los comprobantes de votación.
“El reglamento electoral prevé y acepta el voto manual como válido, entonces por qué no va a permitir (la autoridad) un conteo manual (de las elecciones presidenciales) si se hace apegado a derecho y con todas las garantías para las partes”, señaló.
Abdul añadió que “esto… genera suspicacia de que están arremetiendo por varios mecanismos utilizando una supuesta legalidad para negar el derecho a la transparencia”.
El lunes y martes tantos chavistas como opositores hicieron manifestaciones en distintas ciudades del país y la fiscalía sostiene que en medio de las protestas murieron ocho personas y otras 60 resultaron heridas.
El presidente encargado dijo que la cifra de víctimas mortales subió, luego de que una mujer herida falleciera en las últimas horas.
Maduro asistió la tarde del miércoles al velorio de José Luis Ponce, un colombiano de 45 años radicado en Venezuela desde hace dos décadas, y a quien el gobierno identifica como uno de los fallecidos en las protestas del lunes en un barrio del este de la ciudad.
El gobierno sostiene que Ponce, quien era carpintero y motorizado, murió de un tiro de simpatizantes de la oposición. Capriles lo niega y le pidió al gobierno presentar las pruebas sobre los fallecidos.
Pero la víspera, y después de que Capriles convocara para este 17 de abril una marcha, el gobierno dijo que no la permitiría porque generaría violencia callejera.
El grupo no gubernamental Human Rights Watch destacó que el gobierno venezolano no debería limitar el derecho de sus ciudadanos a expresarse libremente y a reunirse de manera pacífica.
“Los venezolanos tienen derecho a cuestionar pacíficamente los resultados de las elecciones, ya sea manifestándose en las calles o expresando su opinión en los medios”, dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Maduro no debería amenazar con usar ‘mano dura’ para restringir y amedrentar a quienes intentan expresar su opinión”.
En Venezuela la gente vota en una pantalla electrónica y enseguida recibe un comprobante en papel con su voto que es introducido en una urna. Al final de la jornada electoral también se imprime un acta con la totalidad de los sufragios para cada uno de los candidatos.
El recuento total de los votos no está reconocido explícitamente en la ley electoral venezolana.
Lo que sí se reconoce es la “auditoria ciudadana”, un mecanismo por el que al finalizar los comicios un 54% de las urnas son escogidas al azar. Luego, se abren, se cuentan en voz alta el total de comprobantes y se transcribe una constancia de verificación ciudadana. Al final todo queda sellado.
La presidenta del Tribunal Supremo dijo que la oposición pedía un “imposible” por solicitar el conteo manual y que su intención era calentar los ánimos de la gente.
“Esta presunta instigación a un conteo manual ha enardecido a muchos venezolanos”, dijo.
Señaló, además, que hay que establecer responsabilidades por lo que consideró hechos ciertos: “venezolanos y venezolanas han sido heridos… y otros han muerto”, en referencia a las protestas registradas luego de los comicios.
No es la primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre asuntos relativos a disputas entre el oficialismo y la oposición.
El nueve de enero, la máxima corte falló que el entonces enfermo presidente Hugo Chávez podía juramentarse en una fecha posterior a la fijada en la Constitución y Morales dijo entonces que “no hay ni siquiera ausencia temporal” del mandatario, quien llevaba un mes fuera el país en Cuba, donde era sometido a un tratamiento contra un cáncer que lo aquejaba y eventualmente le costó la vida.
Después, en marzo, el mismo tribunal resolvió que Maduro podía ser juramentado como presidente “encargado” y que eso no le impedía ser al mismo tiempo candidato a la primera magistratura por el oficialismo.
Maduro tiene previsto juramentar como presidente el viernes ante la Asamblea Nacional y la presencia de algunos jefes de Estado o delegaciones de alto nivel de por lo menos 15 países.
