El fascismo es un sistema de gobierno que se aplica desde el poder y, por tanto, no tiene sentido que se pretenda hacer ver que es ejercicio de los ciudadanos que disienten de políticas oficiales.
¿Cómo se aplica el fascismo desde la oposición?
La pregunta es formulada por el licenciado Jorge Euclides Ramírez, periodista, analista político y directivo de la organización Defensa de la Constitución y la Democracia (Decode), quien se muestra extrañado que la vicepresidenta ejecutiva del Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez, haya presentado un proyecto de ley denominada contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares.
Lo que más llama la atención es que el propósito, además de prohibir las manifestaciones propiamente democráticas, contempla penas de ocho a doce años de presidio para las personas a quienes un consejo juzgador, dirigido por el gobierno, considere que han violado esa ley, cuyo proyecto fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional en primera sesión. No puede haber fascismo de la oposición, explica. El fascismo necesita del poder del Estado para poder aplicarse, porque es un sistema de control social.
La única manera de aplicar el fascismo es teniendo el monopolio de la violencia, que es una potestad exclusiva del Estado, que tiene los cuerpos de seguridad y de investigación a su disposición.
Es imposible que el fascismo se pueda aplicar desde la oposición y, en general, de los ciudadanos que recurren al legítimo derecho de manifestar públicamente y protestar. Aún más. los ciudadanos tienen el derecho de expresar su opinión cuando lo deseen, porque esa es una garantía constitucional
Dice el licenciado Ramírez que lo más absurdo es que esa ley contempla severas sanciones para quienes no detentan poder alguno en el sistema fascista, neofascista o de expresiones similares como dice el proyecto en cuestión. Toda ley que contemple sanciones y penas tiene que tipificar muy bien los delitos. De esa forma, una vez que se le haga la acusación se le tiene que decir al acusado: usted cometió este delito, y, en consecuencia, detallar.
Ley del fascismo no tipifica ningún delito
Lo que hace es un desarrollo conceptual, tal y que para allá, y deja en manos de una alta comisión, la que va a nombrar el presidente de la República, cuáles son los delitos para que diga cuáles son los delitos en que ha incurrido una persona, una organización política, un medio de difusión, etcétera.
De esa forma quedan los ciudadanos en una situación altamente vulnerable porque, al final, no se sabe cuál es su delito.
Estamos a punto de ver procesos kafkianos, advierte. En este momento nos viene a la memoria la novela El Proceso, de Franz Kafka, sobre el personaje Josef K, a quien lo llevan preso y lo pasan de tribunal en tribunal, sin saber nunca cuál fue su delito.
Así puede pasar con esta nueva ley porque no están tipificados los delitos, sino que va a ser de una libre interpretación por parte de una comisión nombrada por el jefe del Ejecutivo Nacional, la cual decidirá cuál es el delito, porque no está tipificado en el texto.
Ocurrirá que alguien es puesto preso y cuando quiere saber el motivo de su detención le darán que ha incurrido en este y este otro delito; pero, cuando el acusado diga: eso no está en la ley, le responderán: “pero, eso es lo que nosotros interpretamos,” Esto quiere decir que se deja en absoluta discrecionalidad a la comisión acerca del delito que supuestamente haya cometido la persona. Además, se le agrega otra pena: la inhabilitación a cargos públicos.
Los juristas dicen que para que una persona sea inhabilitada a ejercer cargos públicos tiene que haber sido acusada de un delito, condenada y pagar cárcel. El licenciado Ramírez señala que funcionarios del gobierno abusan de su poder, como por ejemplo, haber dicho que quienes no fueron a votar en el referendo consultivo sobre el Esequibo podrían ser inhabilitados. Pero eso no es causa de inhabilitación. Se está inhabilitando sin tomar en cuenta los derechos constitucionales que amparan al ciudadano.
Según el contenido de la nueva ley, sirve para todo. Para poner preso a un periodista, para enjuiciar a un medio de comunicación, para censurar y cerrarlo, en fin, para todo lo que ellos decidan que les molesta. Y se aplicarán penas de cárcel de ocho a doce años sin saber el delito de fascista, neofascista o expresión de esa naturaleza que se le atribuye a alguien que no ha detentado poder alguno.
Comenta el licenciado Ramírez que en el enfoque de la ley se trata de detener a quienes pertenezcan a organizaciones neoliberales, que pueden asociar con el neofascismo. Y lo de expresiones similares al fascismo y neofascismo queda a la interpretación de la comisión. Un ejemplo muy claro sería a quien piense como Milei, el presidente de Argentina, quien no es fascista como lo han calificado los funcionarios del gobierno venezolano, sino un liberal radical.
