Con con ideas y propuestas se suma el sector porcino nacional a la lucha contra el contrabando, el comercio ilegal y la defensa de la producción nacional, destacando el rol que el Estado Mayor Contra el Contrabando tiene para fortalecer la cadena productiva y el valor agregado nacional.
Actuar contra el contrabando es la función principal por la cual la Vicepresidencia de la República, de la mano de Delcy E. Rodríguez Gómez, creó un espacio inter institucional para combatir este flagelo y los delitos económicos transfronterizos.
Dicho Estado Mayor Contra el Contrabando, activado ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, ha coordinado varios esfuerzos entre el Gobierno y los productores para eliminar el contrabando de diversos rubros dentro de los que destaca la carne porcina de los Estados Unidos y Canadá, el cual conlleva nocivos impactos sobre la economía y la vida nacional.
Ya el Gobierno nacional ha logrado significativos resultados en este asunto, como el prohibir la entrada ilegal de salchichas y embutidos del Brasil (productos no regulados sanitariamente), pero ahora, carne porcina, que puede llegar a tener hasta dos años almacenada ha comenzado a entrar al país. Dicho producto no tiene los permisos sanitarios correspondientes, lo que representa un riesgo potencial para la salud de los venezolanos.
El mismo Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros ha afirmado que “El contrabando es muy nocivo para el productor nacional, por lo que la FANB tiene que identificar dónde están las mafias del contrabando”.
Ante esto, el propio ministro de la defensa, Vladimir Padrino López afirmó que la FANB ya está movilizada y lista para desplegarse en esta nueva operación dentro de una estrategia que calificó como “mano de hierro contra el contrabando”, y anunció la instalación de un conjunto de puntos a lo largo de la frontera en el territorio nacional donde se desplegaran las acciones logísticas anti contrabando, involucrando a todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, la aparición de carne de cerdo de los EEUU y el Canadá, afecta de manera grave al sector cárnico porcino y pone en riesgo alrededor de 100.000 puestos de trabajo que, directa o indirectamente, dependen de esta área económica y alimenticia.
Esta carne de cerdo que entra, no solamente por la frontera terrestre entre Colombia, particularmente por los estados Táchira y Zulia, sino también se ha identificado que una parte entra vía puertos a través de esquemas “puerta a puerta”, no tiene control sanitario de las autoridades de la República; en algunos casos no cumple con la cadena de frío y, por lo tanto, puede presentar graves problemas a la salud de la población.
Ya las autoridades adscritas al Estado Mayor Contra el Contrabando han detectado que esta carne de cerdo se está triangulando hacia Venezuela de manera ilegal, donde además de violar cualquier parámetro de bioseguridad, se agrega el agravante de ser un producto que en algunos casos puede llegar a tener más de dos años de almacenamiento.
El problema comenzó a ser evidente en 2022, cuando carne importada desde EEUU y Canadá, sin ningún tipo de identificación legal, era vendida en diversos expendios de comida.
Los productores porcinos de EEUU y Canadá han estado muy afectados los últimos dos años con un exceso de oferta de carne, y han implementado la práctica de dumping para drenar parte de ese exceso de oferta de carne de cerdo hacia otros países, entre ellos Venezuela.
El dumping se considera una práctica comercial desleal que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su costo de producción. Adicionalmente, esta carne de cerdo que entra vía contrabando no asume los mismos costos ni cargas fiscales de la cadena productiva nacional, poniendo en riesgo la viabilidad económica y continuidad operativa de los productores locales.
Cabe destacar que el sector porcino venezolano cuenta con capacidad más que suficiente para cubrir plenamente la demanda nacional de carne de cerdo.
Gobierno nacional atento
La vicepresidenta Rodríguez definió tres ejes de acción en la lucha contra el comercio ilegal: uno, el control en las fronteras y sobre el territorio, el cual, dijo, es responsabilidad del Estado; dos, el control en los anaqueles para evitar que los comerciantes ofrezcan productos de contrabando a los consumidores, que definió como una responsabilidad de los empresarios; y tres, campañas de información dirigidas a los consumidores sobre los impactos sobre la salud de productos que están llegando a Venezuela, sin cumplir normas sanitarias ni requerimientos de las leyes venezolanas.
El sector porcino se ha sumado con ideas y propuestas a la lucha contra el contrabando, el comercio ilegal y la defensa de la producción nacional, destacando el rol que el Estado Mayor Contra el Contrabando tiene para fortalecer la producción y el valor agregado nacional.
De no tomarse medidas efectivas contra el contrabando de carne de cerdo, este no solo afectaría gravemente al sector, sino que también podría generar riesgos para la salud de la población al no estar sujeta al control sanitario de nuestras autoridades. La afectación al sector porcino y a otros sectores vinculados sería inmediata, con pérdidas inconmensurables que para recuperarse requerirían al menos dos o tres años y fuertes inversiones.
Los riesgos potenciales a los que está sujeta la economía nacional debido al contrabando se puede resumir en pérdida de miles de empleos productivos, pérdidas importantes en ingresos fiscales por parte del Estado venezolano, posibles problemas de salud de la población por falta de control sanitario y un duro golpe a la soberanía alimentaria.
