El sector privado venezolano desde 1997, ha cumplido con los preceptos que establecía la Ley del Trabajo y hará lo mismo con la que ha sido recientemente aprobada, independientemente que consideremos que sea inconstitucional o no, pero es un hecho político consumado desde el momento en que se publicó en Gaceta.
El pronunciamiento lo hizo el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, al ser consultado en torno a la entrada en vigencia de la nueva normativa laboral y la posición que asumirá la empresa privada para darle cumplimiento, ratificando que a pesar del impacto de la misma en las estructuras de costos de las empresas, se apegarán a lo establecido en la misma.
– No ha sido este el caso del sector público venezolano, que tiene unas deudas onerosísimas desde el año 97 con el bono de transferencia, hay una gran cantidad de temas que no han quedado claros, nos preocupa mucho el destino de las prestaciones sociales de los 2 millones 800 mil personas que trabajan en la administración pública y será el gobierno, el que como patrono, tendrá que darle respuesta a los trabajadores, afirma Botti.
Ratifica que se perdió la oportunidad histórica de hacer una Ley que propiciara más empleo y más inversión.
No habrá despidos masivos
Consultado en torno a la posibilidad de que haya despidos de trabajadores, dado los nuevos beneficios establecidos en la nueva Ley, explicando que el mercado laboral se mueve de una manera lamentablemente informal, porque se han tenido siete años de inamovilidad.
-En todo caso, no está planteado en el sector privado ningún tipo de despidos, con motivo de la entrada en vigencia de esta ley, señala Botti.
Por otra parte admite que la aplicación de la nueva ley, indicando que todos los elementos contenidos en la norma, tienen que considerar los costos y beneficios para toda la sociedad.
-En las últimas semanas hemos estado haciendo algunas aclaratorias públicas, en torno a que no se trataba de que esta ley tuviera una viabilidad financiera para las empresas, sino de los costos y beneficios que le trae a la sociedad como un todo, y eso lamentablemente no ha sido estudiado en esta oportunidad. En el caso de las empresas que tienen precios controlados, algunas hasta con ocho años sin ser revisados, y ahora con una Ley de Costos y Precios Justos, inevitablemente pensamos que van a tener que ser revisados por la Superintendencia, hay algunos costos que tienen significación especial, en el caso de las empresas con procesos productivos continuos, el bajar dos horas implica incluso crear un nuevo turno, lo cual va a entrar en vigencia en un año, pero hay otras cosas que deben estudiarse de inmediato, señala.
Advierte que una empresa a la que se le controlan permanentemente sus márgenes de ganancias a través del control de precios, y a la vez se le aumentan sus costos y se le reducen sus márgenes de ganancias, es una empresa a la que cada vez se le aleja la posibilidad de dar una mejor remuneración a sus trabajadores, tema que también es necesario entender.
-El punto de fondo es controlar la inflación y que tengamos una economía sana y en crecimiento, afirmó Botti.
