Si la oposición logra conservar la unidad del electorado basada en el ferviente deseo de cambio del nefasto régimen que gobierna al país para las elecciones presidenciales de julio, no hay ninguna duda de que el cambio se operará sea quien sea el o la que encabece la fórmula electoral. Es claro que María Corina Machado es la persona indicada para ello, pues fue quien logró aglutinar en una masa incontenible ese deseo renovador, sin embargo, no sabemos hasta ahora las vueltas que ha de dar la política en estas cruciales circunstancias.
Pero si persiste la unidad, que hasta ahora se observa, la salida de la administración que ha destrozado a Venezuela moral, institucional y económicamente llegará a su fin, lo cual desea el 80 por ciento de la población.
Sin embargo, el nuevo gobierno tendrá que imponerse ante dos enormes obstáculos.
En primer lugar, la paupérrima situación del país, el cual sin estar en guerra presenta índices de pobreza, enfermedad y muerte como si de una conflagración fratricida se tratara, con una diáspora que aventó fuera del país a ocho millones de ciudadanos, la mayoría sufriendo penurias en los países de destino, dejando en Venezuela miles y miles de hogares lacerados por la ruptura y la desolación. Un país donde el flujo eléctrico, el suministro de agua es un lujo, donde el salario mínimo es inferior a los cuatro dólares mensuales y donde se tiene tanto miedo a la policía como a los delincuentes.
Este país donde un sector de la dirigencia opositora se transó por una connivencia tarifada, igual que ciertas fracciones de la sociedad civil que promueven diálogos diletantes para que sirvan de fachada a un régimen que encarcela, tortura y mata a los auténticos defensores de derechos humanos.
No es poca cosa lo que toca a un gobierno de transición, hacer una colada cívica para apartar el trigo de la maleza que lo ha invadido, para luego sumar voluntades tras el reto de pisar duro en el camino de los sueños posibles.
En segundo lugar, la obstaculización partirá de los poderes ilegítimamente constituidos, pero con poder al fin, así haya sido conseguida esa autoridad fulleramente a través de los fraudes cometidos a la legalidad. Por una parte, la ilegítima Asamblea Nacional “chavista” elegida en infracción a la legalidad, que no aprobará ley alguna dirigida a desarrollar los planes del gobierno entrante y por la otra, el Tribunal Supremo de Justicia constituido de manera ilegal al burlar las condiciones que deben llenar los Magistrados y al ser designados irregularmente sin respetar el procedimiento para ello, que podrá anular cualquier decreto, reglamento u orden emanado del Poder Ejecutivo que inicia su mandato.
A lo anterior se unen los órganos secundarios, cuyas cabezas son designadas por la Asamblea Nacional, con poder para obstaculizar los planes del esperado nuevo gobierno: el Consejo Nacional Electoral (CNE) al impedir cualquier intento comicial para sustituir a los funcionarios ya designados bribonamente, el Ministerio Público con sus imputaciones basadas en falacias y la Contraloría General con sus tramposas inhabilitaciones y sus averiguaciones administrativas fundadas en patrañas.
¿Qué ha de hacer el nuevo gobierno democrático atado de manos por las fuerzas del mal que sobreviven a las elecciones presidenciales? ¿Qué camino dentro de la legalidad le queda para gobernar y sacar a Venezuela del marasmo en el cual se encuentra?
El nuevo gobierno tendrá que desmantelar, por las vías jurídicas, a todas estas instituciones ilegítimas de origen y sustentadas por la corrupción de la administración actual. Tal solución se lo permitirá una Asamblea Nacional Constituyente que puede ser convocada por el o la Presidente de la República, conforme al artículo 347 constitucional: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Esto es rematado por el artículo 349: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. Es orden constitucional que no pasa por el inmoral control del CNE.
Convocada la Asamblea Constituyente por el nuevo Poder Ejecutivo y respaldada esa convocatoria por el inmenso caudal de votos del cambio, no hay lugar a dudas que podremos salir al fin de este pantano institucional en el cual está atascada Venezuela.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
