La creación del Instituto Venezolano de la Diáspora que se encargue de defender los derechos de la población migrante de Venezuela, propusieron los ponentes de un foro virtual sobre migración, organizado por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), de acuerdo con la información enviada a los medios de comunicación.
En efecto, Esteban Ibarra, secretario general del Consejo de Víctimas de delitos de odio; y Tomás Páez, coordinador del Proyecto Global de la Diáspora Venezolana, fueron los ponentes del foro “La migración, causas y consecuencias”.
Páez sostuvo que más de cuatro mil millones de dólares recibe Venezuela por parte de la población migrante.
“Más del 30 % de la población recibe remesa y el 50 % de los habitantes venezolanos tiene un familiar fuera del país”, dijo el conferencista.
El encuentro fue transmitido a través de la plataforma Zoom y organizado por el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España y coordinador de OGAL, quien fungió como moderador.
Páez estima que 8,8 millones de venezolanos han salido del país (30 % de la población) y en su mayoría se encuentran concentrados en Suramérica desde 2014 cuando comenzó el declive económico en Venezuela.
Indicó que por la selva del Darién, peligrosa frontera entre Panamá y Colombia, han pasado, rumbo a Estados Unidos, más de 70 mil personas, de las cuales el 70 por ciento es venezolana.
Las cifras coinciden con las suministradas por las autoridades panameñas, que han informado, además, que en lo que va de 2024, cerca de 22.673 migrantes han traspasado la selva del Darién.
“La diáspora beneficia tanto al país de origen como a la nación receptora porque es un capital humano que mueve hacia arriba el Producto Interno Bruto al país de acogida”, dijo Páez.
Instituto Venezolano de la Diáspora
Ibarra comentó que cuando un emigrante llega a otro país, se encuentra con la dificultad de integrarse a esa nación porque tiene que enfrentar situaciones de odio, discriminación, racismo y violencia entre otros obstáculos.
“El peor enemigo de la migración está en su propia casa”, dijo Ibarra al criticar la actitud del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien calificó de “bio-terrorista” a sus compatriotas que en 2020 regresaban al país enfermos de covid. “Ese es un nuevo caso de xenofobia”, deplora el especialista.
Indicó que 193 países han firmado el pacto mundial de migración, que establece el respeto a los derechos humanos, condena el racismo, garantiza los derechos políticos, identidad, sufragio entre otros.
“Pero no se cumple y en Europa hay un desastre en política migratoria pero hay esperanza para lograr un ordenamiento jurídico plurinacional, tema que ha llegado a las puertas del parlamento europeo”, dijo.
Recomendó que el Instituto Venezolano de la Diáspora debe ser un organismo privado, de la sociedad civil, que se encargue de defender los derechos de la población migrante de Venezuela.
Observó que entre esos puntos figura el derecho al sufragio que es violado por el gobierno con respecto a los venezolanos en el exterior.
Denunció que la ley electoral exige la residencia en la nación receptora, afectando a 7,8 millones de venezolanos que han sido excluidos del padrón electoral.
Observó que esa cifra muestra el fracaso del socialismo que pretende impulsar el presidente Maduro.
