En Venezuela existe una carga tributaria “excesiva”, la cual está en un promedio del 47% de los ingresos brutos para las compañías en el país, asegura el abogado tributario y socio legal de la consultora PwC Venezuela, José Javier García
Estima que al cierre de cada mes o quincena los dueños de las empresas, se debaten entre pagar sueldos y salarios a los empleados, a los proveedores o los tributos, pero cree que la respuesta es obvia: pagar a los empleados.
Explica García en Unión Radio, que no es que no se quiera cancelar a los proveedores y los tributos, es que la dinámica de la realidad de la economía venezolana no permite tener un flujo de caja suficiente para hacerlo de manera oportuna.
“Un ejemplo muy sencillo es el tema de la dolarización transaccional. Yo no puedo pagar los tributos en dólares, los tengo que pagar obligatoriamente en bolívares, pero ese proceso de convertir los dólares a bolívares para algunas empresas, dependiendo del volumen del cual estemos hablando, puede ser bien complicado”, afirmó García.
Al referirse al incremento de la recaudación fiscal, ordenada por el Ejecutivo nacional, indica que puede venir de una política que genere las condiciones necesarias para que aumente la inversión pública o privada.
“Que el sector informal se incorpore al formal y para ello hay que dar incentivos con la finalidad de ampliar la base de contribuyentes, que al final del día conlleva a un incremento de la recaudación tributaria, que es lo que se está buscando”.
Carga tributaria e incentivos
Recordó que en el pasado existía en el país una normativa impositiva, que tenía vigencia por cinco años y se renovaba al final de ese periodo de tiempo y consistía en rebajar el impuesto a las empresas que realizaban nuevas inversiones.
“Esas nuevas inversiones eran activos productivos generadores de renta e incluso en algún momento eran activos que ayudaban a la conservación del medio ambiente”, señala el abogado tributario.
También hubo una disposición excepcional en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde se otorgaba un beneficio a los empresarios que en su ejercicio fiscal incrementaran el número de trabajadores en la nómina.
Explicó que con ello se fomentaba el empleo, además se favorecía a la comunidad en la cual la empresa ejecutaba su labor, dijo el especialista tributario.
