Los tribunales venezolano decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes 9 de febrero por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro y otros funcionarios chavistas, así lo confirmó uno de sus abogados.
El jurista José González Taguaruco, indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas, sitio donde varios de los presos políticos que lograron salir relataron cómo funciona este «aparato de torturas dispuesto en el penal por las fuerzas del Estado».
Asimismo, el régimen dictó prisión para Alejandro González, ex pareja de San Miguel, quien será recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los familiares de San Miguel, que fueron detenidos inicialmente, recibieron la prohibición de salir del país.
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El fiscal general Tarek William Saab ratificó la acusación contra San Miguel por «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación». Saab aseguró la implicación de la activista en la trama denominada “brazalete blanco”, cuyo objetivo era atentar contra Maduro.
Ante esto, ONG nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la detención y exigen respeto a los derechos de la activista.
