El informe de gestión presentado durante el acto de inicio de actividades judiciales 2024, el pasado 31 de enero, por la nueva presidenta del organismo, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, apenas ofreció datos y estadísticas que permitan corroborar el supuesto «incremento de los índices de productividad judicial» que, según la funcionaria, registró el TSJ en 2023.
Así lo señala la ONG. Acceso a la Justicia tras pasar revista al documento, caracterizado por la opacidad, al igual que las exposiciones del alto gobierno, en un país donde las estadísticas oficiales en la administración pública, brillan por su ausencia.
En efecto, durante los 30 minutos que duró su discurso, la también presidenta de la Sala Electoral apenas aportó 11 cifras. En primer lugar, informó que durante el año pasado el máximo juzgado recibió 3.800 casos, pero dictó «5.971 sentencias, lo que representó un incremento del 50,97%, dejando una tasa de resolución general de 154,40 %». No obstante, no solo no precisó cuántos casos recibió ni cuántos decidió cada una de las salas del organismo, sino que tampoco informó cuántos asuntos de años anteriores quedan pendientes por resolver.
A continuación, anunció que los tribunales dictaron 453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, lo que significó un aumento de 41,44 %. Respecto al porcentaje de aumento, hay dudas. El año pasado la entonces presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, aseguró que en 2022 los jueces emitieron 423.242 sentencias, por lo que la variación sería de apenas 7,26 %. Esto hace suponer que Rodríguez se refería a la cantidad de audiencias, pero su predecesora no ofreció cifras de esto, por lo que no se puede contrastar esta información. Considerando que Gutiérrez no ofreció cifras sobre la cantidad de audiencias el año pasado, no es posible hacer la comparación.
La presidenta del TSJ tampoco precisó cuántos casos resolvieron los jueces penales, los civiles y mercantiles, y los del trabajo, por mencionar algunas de las especialidades judiciales, ni mucho menos cuántos asuntos recibieron a lo largo de los últimos 12 meses.
Rodríguez prosiguió anunciando que la Comisión Judicial nombró 773 jueces en 2023, lo que significó un incremento de 18 %, y reportó que la Inspectoría General de Tribunales realizó 345.074 inspecciones, tramitó 2.449 denuncias, abrió 1.003 procedimientos y se dictaron 181 actos conclusivos contra jueces. En cuanto a los jueces se refiere, como no se conoce oficialmente cuántos hay ni informó cuántos fueron removidos de sus cargos, tampoco queda claro si los nombramientos implican realmente un incremento de jueces o no.
Por último, informó que en 2023 la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) inauguró 25 tribunales y 11 nuevos espacios (salas de audiencias y telemáticas, enfermería). En este caso no dijo qué juzgados fueron abiertos ni dónde están ubicados.
Hay amores que matan
El tiempo que Rodríguez no destinó a ofrecer cifras de la gestión judicial lo utilizó para dejar en claro la alineación de la justicia con el Gobierno.
«Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede existir: el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y oponiéndonos a toda forma de discriminación, opresión y de cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional».
Sin embargo, la intervención más política la ofreció el orador de orden, el magistrado Luis Damiani Bustillos (Sala Constitucional), quien entre otras cosas aseguró que «con la Constitución y el proyecto político bolivariano se cierra el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos».
Asimismo, aseveró que Venezuela vive un conflicto entre dos bandos. «El proyecto chavista [que] siempre se ha sustentado con el amplio apoyo y la legitimidad de los votos populares», por un lado; y:
«por el otro lado, está el bloque opositor conducido por la clase dominante transnacional, dominada por los aparatos militares y diplomáticos de EE. UU. y Europa. Este bloque histórico está representado por los partidos políticos de oposición, los sindicatos patronales, la CTV, los medios de comunicación, la tecnocracia de Pdvsa, profesores, investigadores y líderes estudiantiles de la UCAB e IESA y otras universidades privadas, por el Grupo Cedice, Santa Lucía, Roraima, por el alto clero de la Conferencia Episcopal, el Opus Dei, por grupos militares de altos grados formados en las escuelas de las Américas, por familias y líderes plutocráticos con importantes presencia en el mundo de los negocios, las academias, las ONG, las academias: la godarria».
La politización del acto quedó patente desde el inicio, pues al momento de interpretar el himno nacional se utilizó una grabación en la que el fallecido presidente Hugo Chávez canta el Gloria al bravo pueblo.
Con una lista de peticiones
Como ya es usual, Nicolás Maduro intervino en la ceremonia que marca el inicio de las actividades judiciales y comenzó dando algunas órdenes a los funcionarios judiciales.
«Hay que salir de las oficinas, de los despachos, del aire acondicionado y váyanse a escuchar al pueblo en las plazas, en las comunidades, en los consejos comunales. Vayan al poder popular a pedir su crítica y a ser interpelados por el pueblo (…) para que Venezuela tenga un Poder Judicial más adaptado a los nuevos tiempos, más poderoso y justo».
Luego instó al TSJ y a la Asamblea Nacional a poner en marcha un «plan conjunto» para instalar y elegir jueces de paz «con el voto directo de los ciudadanos».
Asimismo, abogó por «avanzar en la modernización del sistema de justicia, en la tecnología, en la conectividad para superar las rémoras y problemas que puedan existir y hoy que retrasan la administración de la justicia». Es llamativo que formulara esta petición y que justo ese día la página web del TSJ estuviera fuera de servicio.
Tras abogar por implementar las audiencias telemáticas y así «abandonar tanta burocracia», Maduro reclamó del Parlamento que reforme los códigos Civil y de Procedimiento Civil, con el propósito de que la jurisdicción civil y mercantil deje de ser la última que todavía emplea el «vetusto sistema escrito».
¿Está o no está?
La opacidad y falta de transparencia del TSJ no solo quedó de manifiesto en las escasas cifras aportadas por su presidenta al momento de rendir cuentas, sino porque sigue sin aclarar la situación de la magistrada Bárbara César Siero.
A finales de enero, se conoció de la detención de los presuntos hermanos de la integrante de la Sala Político Administrativa, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, por su supuesta participación en una conspiración contra el Gobierno. A partir de esta revelación comenzaron a circular versiones que indicaban que la magistrada había pedido un permiso, su jubilación e incluso había renunciado a su cargo.
Hasta el momento el TSJ no ha informado sobre la situación de la funcionaria, pero su ausencia en el acto de apertura judicial no ha hecho más que aumentar las interrogantes.
A esto se suma que la Sala Político Administrativa no ha dado despacho y que las sentencias que emitió sobre las inhabilitaciones aún no han sido publicadas, conociéndose hasta el momento que fueron ponencias conjuntas, por lo que se desconoce si la magistrada César respaldó o no tales decisiones.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La opacidad es un mal tan enraizado en la justicia venezolana que trasciende las individualidades. Prueba de ello es que desde 2013 el TSJ no publica su informe anual como lo hacía hasta ese momento con estadísticas detalladas de su gestión. Esto se ha agravado a partir de 2017: por la presidencia del TSJ han pasado tres personas y la información que se daba en el acto de apertura hasta ese momento, por lo menos oralmente, ha disminuido aún más. Ya no se trata de una rendición de cuentas, sino de un acto formal con declaraciones políticas.
Esta falta de transparencia debería alarmar a todos por igual, porque no solo impide realizar una evaluación independiente de la actuación de esta rama del Poder Público, con la cual sería posible detectar errores y formular sugerencias para corregirlas, sino que, de paso, abre las puertas a la corrupción.
