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Este martes, 23 de enero, el abogado Perkins Rocha afirmó que la «movida de mata» en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afecta directamente a María Corina Machado.
Según explicó Rocha, es esta Sala quien debe decidir sobre el recurso de revisión a la supuesta inhabilitación política que pesa sobre la dirigente del partido Vente Venezuela.
En rueda de prensa, Rocha explicó que dicha Sala se declaró en inventario desde hace una semana, lo que se traduce en que las causas judiciales que en ella reposan van a ser estudiadas y revisadas.
La decisión anunciada por la Sala fue cuestionada por Rocha, quien afirmó que la Sala Político Administrativa, por ser el órgano judicial más sistematizado y con mayor tecnología del país, no justifica el retraso en la decisión sobre la habilitación de Machado.
«Sabemos por opinión pública de que están (la Sala Político Administrativa) atravesando por un momento extraño e irregular, porque una magistrada de esa Sala ha renunciado o se ha visto presionada a renunciar porque familiares de ella se vieron involucrados en hechos recientes, igualmente sabemos de problemas de salud que han rodeado a algún magistrado», dijo Rocha.
El jurista aseguró que están a la espera de que vuelva a organizarse la Sala Político Administrativa y se vuelva a dar despacho porque «con eso no solo se interrumpe la causa de María Corina Machado, se interrumpen también todas las causas judiciales de múltiples funcionarios públicos».
Rocha pidió que vuelva el acceso a la justicia y la normalidad del servicio de justicia en Venezuela.
«Fingida trama de conspiración»
Por su parte, y de acuerdo con información que reveló el abogado Zair Mundaray, el TSJ convocó a la «magistrada suplente» Eulalia Coromoto Guerrero Rivero para cubrir la vacante» temporal» de la magistrada Barbara César Siero en la Sala Político Administrativa, cuyos hermanos (militares) habrían sido detenidos en la supuesta trama de conspiración de la que informó a principios de semana el fiscal general Tarek William Saab.
En otro post, Mundaray señala que el hecho de que uno de los tres magistrados que tiene a su cargo la sentencia por la «inexistente» inhabilitación de María Corina Machado amanezca con sus dos hermanos presos es un «montaje de la dictadura».
Violación a las garantías procesales
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la demora en la decisión sobre el caso de María Corina Machado viola las garantías procesales, lesiona la tutela judicial efectiva y los derechos al debido proceso y a la defensa.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), la Sala tenía tres días de despacho para informar si admite o no la demanda. Sin embargo, esta disposición no se cumplió y a última hora se modificaron las reglas ya establecidas.
“Esta modificación arbitraria de las reglas procesales por parte de la Sala Político Administrativa representa una violación al ejercicio del derecho de acceso a los órganos judiciales, toda vez que fija obstáculos caprichosos para dilatar la fase de admisión de la demanda”, argumentó Acceso a la Justicia.
Adicionalmente, el equipo legal de María Corina Machado sigue sin tener acceso al expediente del caso que reposa en el TSJ. Esperaban tenerlo el pasado 11 de enero, pero una “falla de luz” en la sede del tribunal impidió, por tercera vez, que la defensa viera la documentación del caso.
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