Se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2023, por parte del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), lo que representa un aumento del 32% en relación al mismo período en 2022, cuando se documentaron 396 agresiones.
En un contexto electoral aumentan las restricciones al espacio cívico y democrático y se incrementan la criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil.
Se destaca que en el 2023 se caracterizó por la profundización de la Política de Criminalización, y el aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
Durante el periodo aumentaron las vulneraciones los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos. Fue un año de amenazas, hostigamiento, intimidación y el uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil en Venezuela.
El 2023 fue un año de desafíos para el movimiento de derechos humanos y las personas que realizan actividades de exigencia ciudadana, en un contexto electoral el entorno para el ejercicio de actividades relacionadas a la promoción y defensa de derechos se torna más adverso y hostil. Los riesgos por el ejercicio de su labor se incrementaron.
Aumentaron las agresiones y obstaculizaciones al derecho a la asociación, la persecución por motivos políticos, las amenazas y las intimidaciones en contra de la labor de las personas defensoras.
Se criminalizaron acciones de incidencia, interacción y cooperación con mecanismos y procedimientos internacionales.
Los 524 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
- 298 Estigmatización
- 133 Intimidación y hostigamiento
- 67 Amenaza
- 10 Ataques digitales
- 8 Judicialización
- 4 Detención arbitraria
- 4 Otros
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) advierte que la estigmatización, intimidación, hostigamiento y amenazas se mantienen como los principales patrones de ataque documentados.
Alertan que aumenta el uso de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil. Observamos métodos represivos más sofisticados y direccionados a neutralizar las actividades de quienes promueven, defienden y exigen derechos amparado en una lógica que persigue atemorizar para neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.
El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, 0obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones.
2023 evidenció el aumento de la represión y violencia ejercida en contra de las personas y organizaciones y el aumento de las restricciones al espacio cívico y democrático en un contexto electoral.
Reiteran que las labores de defensa, exigencia y promoción de derechos son esenciales para el respeto a la dignidad humana y el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Al criminalizar y atacar a quienes ejercen dichas acciones el Estado transgrede sus obligaciones internacionales y conlleva a su responsabilidad internacional.
Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), insisten en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones.
