Este 2024 será un año que se distinguirá por el abultado número de elecciones que tendrán lugar entre los doce meses que comienzan con enero. Están previstas las realizaciones de comicios, en por lo menos 75 países, ese panorama ha sido calificado por los analistas que siguen de cerca esos proyectos comiciales como un verdadero “tsunami” electoral. Todos esos preparativos contemplan la movilización de más de 4.200 millones de personas sobre las cuales incidirán los resultados de esos procesos.
Venezuela es uno de esos países en los que está anunciada la elección presidencial, ya que en otros ámbitos también se consumaran, este año, elecciones parlamentarias, regionales y locales. Sin embargo, en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre con otras naciones, la fecha para que se concrete esa esperada elección presidencial está en un verdadero limbo, contrariando que, según la Constitución y las leyes vigentes, dicho proceso no debería pasar del último trimestre del año que corre.
Los venezolanos estamos sumados en ese monto llamativo de más de 4.000 millones de votantes prevenidos en todo el mundo para elegir a sus presidentes, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, según sea cada caso. Pero a diferencia de lo que está desarrollándose en Bután, Comoras, Finlandia o en Bangladesh, país en donde la gente vota conforme a un calendario electoral previamente establecido y del conocimiento oportuno de todas las partes involucradas en la pugna electoral, en Venezuela, la fecha para convocar y realizar las elecciones presidenciales es “un misterio muy bien secuestrado” por Maduro y sus acólitos.
Bien se sabe que una elección no está reducida al simple acto de votar. Es un evento muy complejo que evoluciona por ciclos. Sobre todo en el caso de Venezuela, país en el que por las características del régimen que controla las instituciones, se hace indispensable contar con una convincente y eficiente observación internacional, como esa que cumplen los especialistas que trabajan para la Unión Europea.
Es de suponer que una delegación verdaderamente comprometida a evaluar, supervisar, observar y dar una versión bien fundamentada respecto a un proceso electoral, debería estar en el sitio de los acontecimientos con suficiente antelación, porque solo así será posible revisar el registro electoral, o sea la data, procesar las impugnaciones y constatar si se hacen los correctivos pertinentes, sobre todo en lo atinente a Venezuela, país que tiene a más de 8 millones de ciudadanos en la diáspora y de los cuales más de 5.7 millones tenemos, legalmente, derecho a participar en esas elecciones presidenciales. Para que unas elecciones sean libres deben existir garantías de libertad de expresión, acceso a los medios de comunicación, libertad de desplazamiento por el territorio de cada país, funcionamiento de los centros de votación, libres de apremios, para que la gente pueda votar si presiones de ninguna especie y los escrutinios y auditorias se cumplan como corresponde legalmente.
En Taiwán se realizan elecciones, y previamente a esa convocatoria se ha hecho un exhaustivo examen del registro de votantes. Eso es lo natural, es lo saludable y además se trata de un mecanismo inevadible por las partes involucradas en la competencia y de obligatorio cumplimento del ente responsable de asegurar una elección verdaderamente competitiva.
Para el venidero mes de febrero la elección presidencial será en Indonesia, fecha que no representa ninguna sorpresa para las decenas de millones de sufragantes (más de 200 millones) ni para los aspirantes a la silla presidencial. También tienen previa cita electoral los pakistaníes, pero para seleccionar mediante el sufragio a sus parlamentarios. En ambos procesos el camino a votar lo podrán transitar millones de ciudadanos, pero antes de que se verifique ese derecho político, los ciudadanos conocen de las observaciones, reformas y garantías para que ese derecho no sea ni burlado ni escamoteado en las urnas de votación.
Seguidamente está en la cartelera electoral el proceso correspondiente a la India. Es de suponer que será una oleada de seres humanos cerrando filas ante sus respectivos centros de votación. Para que se pueda cumplir con normalidad ese monumental acto es preciso que se conozca la fecha con suficiente antelación. Eso es lo normal, lo lógico. Tal como acontece en México, en donde dos mujeres disputan la primera magistratura nacional. O en los EEUU en donde ya se han confrontado en debates televisado muchos de los aspirantes para tratar de ganar su respectiva nominación candidatural antes unos ciudadanos que están debidamente informados de cuándo y donde serán esas elecciones presidenciales este año 2024. En junio de este año, en países con territorios enmarcados en La Unión Europea, que involucra a más de 500 millones de personas, tendremos elecciones parlamentarias en junio. Todo se hace con previo conocimiento de la fecha de cada proceso electoral.
Pero en Venezuela no es así. Maduro pretende seguir jugando con la buena fe de la comunidad internacional ante la cual se ha comprometido (negociaciones de Barbados) a facilitar una salida crisis a la crisis que padecemos en la región como consecuencia de la tragedia que tiene su epicentro en Venezuela, país en donde los venezolanos cuentan con María Corina Machado, la líder más reconocida dentro y fuera de la nación. Su liderazgo es incuestionable y solido (gano con más del 92 % de los votos emitidos en primaria), admitido por todos los factores políticos que hacen vida dentro y fuera del territorio venezolano. Todos coincidimos en que darle la espalda a María Corina, con el subterfugio del ”sustituto”, o moverse en atención al guion del régimen que sigue “jugando a la candelita” con la fecha electoral, seria no menos que una traición a los millones de venezolanos que nos dieron un claro y contundente mandato el pasado 22 de octubre. Por eso la lucha al lado de María Corina es ¡hasta el final!
Antonio Ledezma
@AlcaldeLedezma
