Patrullas militares y de la policía realizaban el viernes revisiones aleatorias ciudadanas en el centro de la capital de Ecuador y otros puntos en medio de las medidas de emergencia que buscan contener la escalada de violencia.
A sabiendas que las acciones para enfrentar la inseguridad podrían tener un costo a la larga, el presidente Daniel Noboa ya baraja medidas para poder financiarlas, a través de incremento de impuestos, generando de inmediato una polémica.
Portando armas largas, los militares y policías ponen especial atención en sus revisiones a los ciudadanos que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito, donde la víspera una alerta de bomba provocó la movilización de la policía que, tras un operativo que incluyó el uso de perros adiestrados y un robot, pudo descartar la amenaza.
“Espero que los chequeos se realicen a todas las personas si se va a revisar por razones de seguridad, que sea a todo el mundo y no una específica parte de la población que ha sido el problema que ha habido últimamente en las revisiones”, dijo por la noche a The Associated Press la ciudadana Daniela Chacón durante un revisión en Quito.
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La situación de violencia en Ecuador escaló dramáticamente el fin de semana tras la misteriosa desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que mantiene relación con el cártel mexicano de Sinaloa, según las autoridades, y la posterior fuga de otra prisión de Fabricio Colón Pico, un líder criminal regional de otra organización criminal, Los Lobos. En un video divulgado en las redes la víspera, Colón Pico ofreció entregarse a cambio de que las autoridades garanticen su vida.
Noboa, quien asumió el poder a fines de noviembre, decretó primero un estado de emergencia a inicios de semana y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado interno en el cual el objetivo militar era una veintena de organizaciones criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos, a las que calificó como “terroristas”.
Las medidas dieron lugar a una mayor despliegue de los militares y la policía en calles y zonas estratégicas de la capital y otras ciudades donde la violencia golpea con mayor rigor. La población, temerosa, al parecer ve con buenos ojos las medidas. En las principales ciudades, decenas de ciudadanos han acudido a los sitios protegidos por militares y policías para espontáneamente ofrecerles refrescos, emparedados, galletas y otras vituallas, especialmente en las noches.
Por otra parte, el gobierno de Noboa envió por la noche al Legislativo una propuesta de ley económica de emergencia en un esfuerzo por buscar ingresos para sostener financieramente el conflicto, que en su parte medular propone subir del 12 al 15% el impuesto al valor agregado.
Esa propuesta debe ser analizada y aprobada o negada por los legisladores. Si en 30 días no hay respuesta, automáticamente entrará en vigencia.
Para el analista y catedrático de la universidad Central, Santiago García, ese incremento propuesto impactaría negativamente “en el crecimiento económico del país” tras argumentar que “tendrá un efecto muy fuerte en la caía de producción y en la baja de los niveles de consumo”.
«Representa una ventaja para el Estado pero una desventaja para el ciudadano”, añadió a la AP.
Buena parte de los ecuatorianos seguían el viernes en modo de teletrabajo y con las escuelas en clases virtuales, en tanto que la mayor parte de negocios y comercios continuaban cerrados por temor al estado de la violencia.
La crisis escaló el martes cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en vivo en el canal TC Televisión en Guayaquil. Los ecuatorianos presenciaron cómo amedrentaron con armas largas, cortas y explosivos a periodistas y trabajadores de ese medio. La policía neutralizó a los armados. El hecho dejó un camarógrafo herido de bala en la pierna.
Noboa visitó las instalaciones del canal el viernes en medio de un amplio contingente de seguridad. “Vengo a ver a las personas que fueron víctimas de un atentado terrorista, que trabajan para un medio estatal… Vengo a verlos y a solidarizarme con ellos”.
La violencia distaba mucho de ser aplacada a pesar de todo el despliegue militar y policial, particularmente en las cárceles.
Durante la madrugada, un cuerpo fue arrojado desde la prisión de la ciudad de Machala —373 kilómetros al suroeste de Quito— hacia el exterior y las autoridades confirmaron que se trató de un preso asesinado.
El sistema penitenciario dijo en su reporte más reciente que 170 funcionarios —155 guardias y 15 administrativos— se mantienen retenidos en siete prisiones, ocho menos que el día anterior, luego de la liberación de ocho entre el jueves y viernes, indicó.
La espiral de violencia de los últimos días también ha dejado al menos 14 muertos sólo en la ciudad costera de Guayaquil, según los reportes policiales. No se ha proporcionado el número de fallecidos a nivel nacional.
En medio de las medidas de emergencia, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración de prensa manifestó que cualquier medida para afrontar la violencia en el país “debe ser proporcional y limitada a lo requerido a la situación de seguridad”. Agregó que cualquier restricción de derechos debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.
La Organización de Estados Americanos (OEA), de su lado, expresó el viernes su “profundo rechazo” a los actos violentos que causan una “grave crisis y conmoción social” en Ecuador, afectando a la sociedad en general.
El organismo aprobó por unanimidad una declaración con la que respalda los esfuerzos del gobierno “para restaurar el orden” y lo insta a “una firme defensa del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos”. Ofreció a su vez la cooperación técnica que sea posible, ante el pedido de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, de un “apoyo decidido” de la región para conseguir “eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada internacional”, que —dijo— dejó en 2023 más de 8.000 muertes violentas en el país sudameriano.
