La Red de Derechos Humanos del estado Lara presentó este miércoles 13 de diciembre su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en la entidad, titulado “Agudización de la emergencia humanitaria compleja, colapso de la atención pública y represión del espacio cívico”.
El informe, que fue leído por el coordinador de la Red Larense de Organizaciones de Derechos Humanos, el profesor Nelson Fréitez, revela que el año 2023 finaliza con severas afectaciones y violaciones a los derechos humanos de la población, que ha visto deteriorarse sus condiciones de vida, su acceso a servicios básicos y su libertad de expresión y protesta.
Según el documento, la emergencia humanitaria compleja que vive el país desde el año 2015 se ha agudizado en el estado Lara, debido al colapso de las capacidades de atención del Estado en todas las áreas y al empobrecimiento de la población, que no ha encontrado protección social por parte de la administración de Maduro.
Entre los indicadores que evidencian este colapso social, el informe destaca los siguientes:
- El 73.7% de los hogares larenses reportan haber perdido sus fuentes de ingresos, el 93% señala la falta de ingresos como su principal problema y el 64% la falta de fuentes de trabajo. Como consecuencia, el 92% de los hogares larenses expresa que sus ingresos son insuficientes para sus gastos esenciales.
- El acceso a la alimentación se ha dificultado por las restricciones de ingresos y la escasez de productos. El 90% de los hogares larenses dice que la cantidad de alimentos que obtienen no es suficiente, y el 88% dice invertir más del 50% del presupuesto en alimentos o no contar con presupuesto.
- La precariedad de los servicios de salud ha afectado el acceso y la protección de la población. El 80% de los larenses señala que no consigue atención en centros públicos y, por tanto, ha perdido el acceso a tales servicios. Los centros de salud presentan altos niveles de servicios inoperativos, como laboratorios, quirófanos, ambulancias, entre otros.
- El servicio de agua potable y electricidad es el más crítico de la entidad. El 73% de los hogares tiene fallas del servicio en su vivienda, y el 97.7% reporta señales de contaminación, como color, olor y sabor. Esto afecta la salud, la higiene y la calidad de vida de la población.
- La asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes se ha afectado significativamente. El 74% de los NNA asisten a escuelas, aunque un alarmante 21% nunca ha asistido. Casi el 70% asiste menos de 5 días por semana, debido a factores como la falta de transporte, alimentación, docentes, infraestructura, entre otros.
- La población privada de libertad ha aumentado en los centros de detención y en los penales de la entidad, en los cuales existe un elevado hacinamiento de más del 70% de su capacidad, escasez de alimentación, agua e higiene, desatención absoluta de la salud y constantes maltratos y requisas violentas que se traducen en eventos represivos masivos contra esta población.
- El espacio cívico se ha restringido severamente por medidas legislativas, judiciales, administrativas y por las actuaciones represivas de organismos de seguridad y autoridades civiles. Quienes protestan exigiendo derechos son reprimidos, detenidos y hasta judicializados en tribunales militares o civiles sin garantías procesales.
El informe concluye que este balance representa un esfuerzo de la sociedad civil enfrentando la opacidad, el secretismo y el ocultamiento de estas realidades como una política de Estado, tanto en el país como en el estado Lara. Asimismo, exigen respeto por los derechos humanos de la población larense y venezolana, y anuncian que incrementarán su lucha para el próximo año.
