Ante la proximidad del crudo invierno de Chicago (EE. UU.), las autoridades locales luchan contrarreloj para proveer de alojamiento a miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, albergados precariamente, que han saturado la capacidad de respuesta de la ciudad, que afronta una crisis humanitaria sin fin.
Según cifras de la Alcaldía y organizaciones civiles de ayuda, de un total de 23 mil personas que llegaron huyendo de la violencia y el colapso económico durante el último año, todavía quedan varios miles que viven en carpas y campamentos improvisados frente a estaciones de policía o en el aeropuerto O’Hare.
Los refugiados son en un 85 % de origen venezolano, pero también los hay procedentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua e incluso Rusia.
El inmigrante venezolano Jesús Aular, quien vende arepas en las afueras de un albergue de la ciudad, dice que está «agradecido por la oportunidad que le dieron de llegar a Chicago» y pide «calma» a sus compatriotas.
Quienes han sido atendidos viven temporalmente en 26 albergues administrados por la ciudad, que además apeló a la contratación de habitaciones en hoteles y pidió ayuda a la Arquidiócesis de Chicago para que done espacio en escuelas e iglesias abandonadas.
Pero quedó un rezago de unas dos mil personas que no consiguieron alojarse, e iban a ser ubicadas en una especie de campamento militar levantado con tiendas de campaña en el barrio Brighton Park. Sin embargo, la obra comenzó y fue suspendida a las pocas semanas al comprobarse que el terreno elegido estaba muy contaminado.
«No hay planificación, no hay ningún plan. Las tiendas de campaña no son una solución y pondrían en riesgo la vida de los refugiados durante el invierno», declaró a EFE el concejal Byron Sigcho López, del Distrito 25 de Chicago.
Resistencia del frío
El demócrata reclamó que la gente sea ubicada en edificios de ladrillos y debidamente preparados para resistir el frío, que en enero y febrero puede llegar a 20 grados centígrados bajo cero. «Es una vergüenza, esa gente necesita un trato digno».
La venezolana Tania Gelvez, quien está alojada en una tienda de campaña en las afueras de un cuartel de policía en Chicago, dijo a EFE que están «guerreando» y sin esperanzas de recibir ayuda, en especial comida y ropa, en medio de las bajas temperaturas.
Entre tanto, Marilú Bueno, directora de programas de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, defendió el trabajo de la municipalidad: «Claro que albergues de cemento y ladrillos serían preferibles, pero la ciudad ha respondido como ha podido, y lo más rápido posible».
Es el caso del colombiano Daniel García, quien también vive en una tienda de campaña y dijo a EFE que Estados Unidos no era lo que se imaginaba y que pensaba en «autodeportarse».
La crisis se agudizó desde abril de 2022, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar autobuses llenos de inmigrantes recién llegados hacia ciudades y estados considerados «santuario», amigables con inmigrantes, y 23.000 extranjeros fueron a dar a Chicago.
Según la Alcaldía, en el comienzo llegaba un promedio de ocho autobuses por mes con refugiados, pero la cantidad fue aumentando y solo a partir de noviembre hasta estos días, por ejemplo, ya fueron 102.
Sigcho López considera que Chicago es víctima de un «ataque político» del gobernador Abbot y el Partido Republicano, que han creado un problema mayúsculo para «perseguir y deshumanizar a los inmigrantes».
Lío político
Pero hay otros dirigentes, como Baltazar Enríquez, del Consejo Comunitario de La Villita, que ven en la crisis una disputa de poderes entre el alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, JB Pritzker.
Aunque ambos son demócratas, «no están en la misma página» para encarar las soluciones de fondo que demanda el problema y no saben «dónde poner a los refugiados», dijo.
Informó que su institución, que funciona desde 1967 con fondos aportados por la comunidad mexicoestadounidense para ayudar a los inmigrantes a integrarse, ha aportado soluciones habitacionales para 28 familias y tiene sugerencias para adaptar un hotel y otros edificios abandonados como refugios.
«Pero no nos escuchan. Prefieren gastar millones de dólares en contratos con aliados y amigos, cada uno por su parte», señaló.
Jacquelyn Zúñiga, activista de Brighton Park, se queja por su parte de la falta de transparencia. «La gente no sabe lo que está pasando y protesta», dijo en una entrevista con EFE.
Los vecinos del barrio donde iban a levantarse las tiendas de campaña celebraron la suspensión de las obras. Antes del anuncio hicieron una protesta en contra del proyecto que terminó con intervención policial para rescatar a una concejal y su ayudante de una multitud enardecida.
«Nuestro barrio es un crisol de razas, con gente de todos los orígenes que se preocupa por los efectos del flujo de miles de nuevos habitantes que seguramente irían a complicar nuestras escuelas ya sobrepobladas y escasas de presupuesto, la falta de trabajo y los problemas de seguridad», agregó.
Autoridades y activistas locales culpan también al Gobierno federal de la crisis y falta de soluciones.
«Hay un cierto racismo sistémico practicado por Washington, que se demoró un año en comenzar a emitir permisos de trabajo para ayudar a encaminar las vidas de los venezolanos, que necesitan salir de los refugios», dijo el concejal López.
En cambio, señaló, no tuvieron ningún problema de documentos o demoras de instalación unos 25.000 ucranianos que llegaron a Illinois al mismo tiempo huyendo de la guerra.
«El Gobierno federal es causante directo de la situación, por imponer sanciones económicas que han generado la migración de esos países. Tiene que responsabilizarse y aportar los fondos necesarios para atender a esa gente», concluyó el concejal.
