El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) salió de prisión este miércoles 6 de diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenara su liberación inmediata, en un fallo que desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que había pedido mantener su condena.
Fujimori, de 83 años, abandonó el penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde cumplía una sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, entre aplausos y vítores de sus seguidores y el rechazo de los familiares de las víctimas de su gobierno. El exmandatario fue recibido por sus hijos Keiko y Kenji, quienes publicaron una foto familiar en las redes sociales.
La liberación de Fujimori se produjo después de que el TC emitiera el martes una resolución que ratificaba la validez de un hábeas corpus presentado en marzo de 2022 a favor del exgobernante, que le restituía un indulto otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y anulado en octubre de 2018 por la Corte Suprema.
El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó que la decisión se basaba en el principio de cosa juzgada y que el indulto era un acto humanitario que debía prevalecer sobre las consideraciones jurídicas de la CorteIDH, que en noviembre de 2022 había solicitado a Perú no ejecutar la liberación de Fujimori hasta que se revisara el caso.
El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, expresó su rechazo a la liberación de Fujimori y dijo que se trataba de una afrenta a la memoria de la patria y a las víctimas de la dictadura. Castillo también señaló que la decisión del TC reflejaba una crisis institucional y que los organismos de justicia internacional deberían cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo.
Por su parte, el abogado de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), por las que Fujimori fue condenado, Carlos Rivera, calificó la liberación de Fujimori como lamentable e ilegal y anunció que presentará una demanda ante la CorteIDH para que se pronuncie sobre el incumplimiento de Perú de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.