Venezuela es uno de los 12 países morosos que podrá participar en la Asamblea General de Estados Partes al Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de tener una deuda de 13.4 millones de euros con el organismo.
La Asamblea sanciona a los Estados morosos con la pérdida del derecho a voto, según el artículo 112, numeral 8, del Estatuto de Roma. Sin embargo, los sancionados pueden solicitar exenciones.
Sin embargo, el organismo puede eximir del pago a los Estados que demuestren que su mora se debe a causas involuntarias, esta cláusula ha sido invocada por Venezuela, que no ha abonado sus cuotas desde 2018.
La ONG Provea denunció que los criterios para otorgar las exenciones no son claros ni definidos, y que “se terminan dando exenciones a todos los Estados morosos que lo pidan, como ha sido el caso en esta Asamblea”.
La administración de Maduro tiene un especial interés en la CPI, debido a la investigación preliminar de la que es objeto, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la cadena de mando del régimen.
