Aunque no se sabe cuándo será dictada la decisión en torno a la apelación del gobierno contra jueces de la Corte Penal Internacional, ésta continuará investigando los delitos por violación de los Derechos Humanos perpetrados desde el año 2014 y existe la posibilidad de que ordene la captura de perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Así se desprende de las declaraciones de la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, quien al ser entrevistada por El Impulso considera que el mencionado organismo, cuyo Fiscal General, Karim Khan, firmó un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro, en noviembre del 2021, para realizar las investigaciones, continuará su labor porque en nuestro país no se ha hecho justicia.
Es de recordar que en esa oportunidad, el Fiscal dijo:” La investigación tiene como objetivo establecer la verdad, y si existen o no motivos para acusar a alguna persona. No somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho.”
Doctora, se le preguntó: ¿Qué nos puede decir de lo que se espera ahora después de la apelación que hizo Venezuela ante la Corte?
La Corte Penal Internacional ha hecho la audiencia de apelación, para que el Estado venezolano defienda su posición, exponga todo lo que ha venido haciendo y apele a los recursos que le son presentados. El punto en donde nos encontramos exactamente es que para la Corte Penal Internacional y, por ende, para todo el mundo ha quedado en evidencia que Venezuela no ha sido capaz de revisar procesos genuinos para investigar los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados desde el 2014. Esto quiere decir decir que en casi diez años, el Estado venezolano no ha efectuado un juicio que establezca responsabilidades de los perpetradores de esos delitos. Aún más, el Estado venezolano no ha sido capaz de investigar a un solo mando responsable por delitos en el país. Ese es el punto en el cual nos encontramos en lo que respecta a los procesos de la Corte Penal Internacional.
Ahora avanzará el proceso con toda seguridad para reanudar la investigación y veremos como va la dinámica de las víctimas que han comparecido ante la Corte y estamos en la posibilidad de que la Corte pueda dictar la orden de captura contra presuntos perpetradores de crímenes de lesa humanidad desde el 2014.
Entre los casos ventilados por la Corte, ¿están los hechos relacionados con la operación Gedeon del 15 de enero de 2018, cuando alrededor de un mil efectivos armados de diferentes cuerpos de seguridad dieron muerte a Oscar Pérez y a otras siete personas más; el del 8 de octubre de 2018 en el que los familiares del concejal Fernando Alban denunciaron que éste fue lanzado del décimo piso del Sebin; y el del 29 de junio de 2019 del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien muere tras ser llevado a comparecer a un juicio militar?
Con seguridad están todos esos casos y muchos más de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución sistemática contra personas que han sido vistas como opositoras, sindicalistas y otras. Se está actuando de acuerdo con el Estatuto de Roma y son muchos los casos que no se han hecho públicos para preservar la existencia de las víctimas y de sus familiares, a fin de evitar que corran peligro. Porque cuando se acusa a un Estado de crímenes de lesa humanidad, la Corte busca salvaguardar la integridad
Insisto en el caso de Oscar Pérez y de las otras siete víctimas, ya que el mencionado funcionario policial había anunciado que se entregaba sin oponer resistencia. ¿No fue exagerado el procedimiento policial y militar, incluso divulgado por televisión, para la comisión de estos crímenes?
Los de Fernando Alban, el capitán Acosta Arévalo y Oscar Pérez son casos emblemáticos y se les denomina de esta manera porque se trata de clara violación a los Derechos Humanos. En lo que respecta a Fernando Alban y Acosta Arévalo se trata de personas privadas de libertad y cuya responsabilidad completamente estaba depositada en manos del Estado, el cual debía protegerlos; pero, por el contrario, los expedientes prueban que los presuntos funcionarios de custodia incurrieron en torturas. Son casos emblemáticos por la forma atroz en que fueron perpetrados. Y en el de Oscar Pérez por el modo en que organismos de seguridad orquestaron un operativo con un patrón prácticamente de guerra para liquidarlo a él y a quienes le acompañaban, sin darles oportunidad de entregarse y los beneficios que podrían haber obtenido al haberlo hecho.
Aparte de la Corte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela informó que se habían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes desde el año 2014. En su informe plasmó la comisión de 223 asesinatos y más de 2.800 de otros casos de violación de Derechos Humanos.
El trabajo de la Misión desde el 2014 al 2018 ha sido muy importante en la búsqueda de la verdad. Yo creo que los patrones que escogieron los funcionarios del Estado están tipificados como crímenes atroces. Son actuaciones generalizadas perpetradas por los cuerpos de seguridad, Dgcim, Sebin y Policía Bolivariana. Además de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y otros hechos crueles, la Misión también se ha referido a delitos sexuales contra mujeres y hombres. También hay que señalar que los delitos cometidos en el Arco Minero son reveladores del acervo documental delictivo perpetrado por funcionarios del Estado venezolano.
¿A qué se refiere concretamente a delitos cometidos en el Arco Minero?
No sólo se han cometido crímenes, sino que ha habido participación en la devastación de espacios naturales y la utilización de mercurio que está dañando los recursos naturales y perjudica a los indígenas. Es un campanazo para evitar que esto siga ocurriendo.
¿Ha tenido una significación importante la instalación de una oficina de la Corte en Venezuela para la investigación que se viene realizando?
Nosotros esperamos que la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela, sea capaz de poder formar a funcionarios venezolanos con la esperanza de que se pueda aplicar justicia en el país.
De igual forma aspiramos que se continúen realizando las investigaciones y ojalá en el corto plazo sean llamados a declarar a funcionarios de mando que han tenido responsabilidades en la perpetración de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno le cambió el nombre de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana por el de Dirección de Inteligencia y Estrategia. ¿Será que cree que los crímenes atribuidos a las FAES con el nuevo nombre, prescriben?
No es la primera vez que se le cambia el nombre a un organismo de seguridad se pretende ocultar responsabilidades. Del mismo modo que de un organismo a otro se pasan instrucciones. Sin embargo, cuando existen denuncias formales sobre determinados hechos, la investigación se realiza a los funcionarios responsables. Y la violación a los Derechos Humanos, como los crímenes de lesa humanidad, no prescriben.
Hablando de responsabilidades, ¿no se ha hecho ninguna investigación en torno al denominado Plan Zamora del 2017, en el cual no sólo participaron militares, sino también colectivos y la milicia?
Creo que a medida que avance el proceso investigativo de la Corte Penal Internacional va a llegar el momento en que sean llamados militares venezolanos para que concurran a presentar sus testimonios y presenten las órdenes sobre planes que pudieron generar la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Es previsible que el ministro de la Defensa sea llamado en su oportunidad para que explique la razón por la cual se emitió la resolución 86-10, mediante la cual la fuerza armada puede utilizar armas de fuego en manifestaciones públicas y los allanamientos sin orden judicial. De igual modo podrán ser convocados los funcionarios de mayor responsabilidad, como los comandantes de las REDI, de las ZODI y de los cuerpos de seguridad, para que rindan declaraciones sobre las instrucciones que giraron.
Y en cuanto a los ex funcionarios de alto nivel que estuvieron en algunos de esos organismos y se encuentran en los Estados Unidos, donde han revelado órdenes que recibieron, ¿qué podría pasar con ellos?
Funcionarios de alto nivel que han desertado, como Manuel Ricardo Cristopher Figueroa, quien fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es posible que sean citados para que declaren sobre sus actuaciones. Los organismos internacionales al conocer de denuncias que haya sobre personas que han tenido responsabilidad determinan reducción de las penas cuando sus declaraciones contribuyen a esclarecer hechos.
Muchos familiares de las víctimas han dicho que la Fiscalía General de la República no los atiende, que han extraviado pruebas, que los expedientes desaparecen. ¿Esta situación sumamente grave sería tomada en cuenta o no por la Corte?
La Corte Penal Internacional establece responsabilidades en hechos en los cuales se involucran jueces, fiscales del Ministerio Público, que no han cumplido con sus deberes.
¿Qué opina usted de lo dicho por el canciller venezolano en relación a la audiencia de apelación, quien señaló que no había validez en la investigación que realiza la Corte?
Ha sido poco profesional y esa declaración forma parte del modo que ha utilizado el gobierno para atacar a la Corte. Incluso, en la audiencia de apelación se le pidió a la representación oficial moderación.
¿Cuáles son sus expectativas acerca de la actuación de la Corte en este momento?
Creo que las expectativas es que de alguna manera se logre castigo para quienes han perpetrado crímenes atroces y nunca más ocurran estos hechos en nuestro país.
