Los congresistas de Estados Unidos y venezolanos-estadounidenses rechazaron el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que busca anular el resultado de la elección primaria del 22 de octubre, por lo que exigen que la Administración Biden retome la política de sanciones contra el régimen de Maduro.
El republicano Marco Rubio, criticó que el régimen violó el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales a menos de dos semanas de haberlo firmado.
“Le tomó solo 2 semanas a al régimen de Maduro violar el ‘acuerdo’ que obtuvieron de Biden”, escribió el senador en la red social X, antes Twitter.
El senador demócrata Bob Menéndez afirmó que “Nicolás Maduro es un dictador descarado y opresor dispuesto a pisotear las leyes del país para prolongar su tiempo en el poder” y lo confirma la decisión del TSJ, que en lugar de “respetar la voluntad de millones de venezolanos” abandona los principios democráticos y usa su “gobierno como un arma en contra de su propio pueblo”, señaló en un comunicado.
Menéndez añadió que la decisión constituye un “grave ataque al movimiento pro-democracia en Venezuela” y sugirió “la Administración Biden también debe retroceder su decisión de levantar sanciones y, en su lugar, aprovechar todas las herramientas diplomáticas para que el régimen de Maduro rinda cuentas”, declaró el senador.
La senadora republicana, María Elvira Salazar destacó que los ataques a la oposición son propios del comportamiento de la dictadura y afirma que “Biden debe responder con acciones concretas”, en este sentido destacó que de no hacerlo estaría abandonando a María Corina Machado y la causa de la libertad en el país.
El pasado 20 de octubre, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols celebró el acuerdo firmado entre la representación del régimen de Maduro y la delegación de la Plataforma Unitaria bajo el arbitraje de Estados Unidos y otros garantes del acuerdo de Barbados.
No obstante, Nichols resaltó que el cumplimiento del acuerdo condicionaría el alivio de las sanciones a las operaciones de petróleo, gas y minería. “La licencia sólo se renovará si Venezuela cumple su compromiso con las elecciones competitivas y las personas detenidas en Venezuela. Si no hay habilitación de candidatos políticos de la oposición, revisaremos las sanciones aliviadas”, advirtió Nichols.
