La era en que vivimos anuncia conflictos gigantes. Era una constante histórica, después de la experiencia de las guerras, lo que afirmaba De Gaulle: “El orden militar está juzgado en su raíz”, lo cual contrasta con la idealización de la paz.
La reivindicación del derecho a la paz no ha sustraído a los países de la necesidad de disponer de la organización militar antes y durante los conflictos. Tenemos que distinguir cuidadosamente los problemas, a fin de comprender como una nación pacifista por instinto de conservación mas que por tradición, está constreñida a perfeccionar sus instituciones militares.
Este planteamiento debe recordarnos que el origen del derecho administrativo se remonta cómo reprimir la violencia, y el resultado era la seguridad pública. La lucha contra las epidemias o la protección contra el fuego para luego pasar a la protección de las rebeliones armadas o la protección de la propiedad, le daba un sentido amplio a la función de policía. El orden público era la paz del buen ciudadano y la manera de lograrlo combinaba protección y seguridad política, la cual como policía política, en Francia, se consideraba la vía para garantizar la estabilidad del Estado.
¿Cómo organizar una Nación en armas durante la Paz? Militares profesionales y desconfianza en toda forma de milicia, produce que el Gobierno desarrolle fuerzas de intervención especializadas para casos de agitación social y política, pero jamás valerse de la violencia para permanecer en el poder.
Por eso es que en países de tradiciones igualitarias, como Francia, las transformaciones sociales de gran magnitud conllevan pasiones y desórdenes. Por eso la evolución administrativa se manifiesta como un doble movimiento que tiende a modernizar las instituciones de sus mecanismos tradicionales, y por otra parte establecer vínculos con los poderes sociales que rivalizan con el Estado.
Aquí en Venezuela, no podemos explicar que el Estado sea incapaz de garantizar la vida, como tampoco pueda proteger sus bienes frente a situaciones que constituyan amenaza, y el gobierno actúe como una amenaza ante la propiedad privada.
Ningún ciudadano obtiene una explicación, salvo echarle la culpa a otro. Pareciera que llegó la hora de ejercer la soberanía indirecta, esa que es intransferible y que reside en el pueblo, para que mediante el ejercicio del sufragio cambiemos de mando y conducción del Estado y salvemos primero que nada la vida de las manos del hampa y la corrupción.
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