La Primaria, que al principio fue un dolor de cabeza para este gobierno porque su objetivo era la de escoger una candidatura única y unitaria que aglutinaría la mayor votación de la oposición, se ha convertido en su locura porque el porcentaje que podría obtener en unas elecciones presidenciales está por debajo del diez por ciento, según las encuestas.
La declaración fue hecha por el licenciado Norberto Herrera, miembro del comando de campaña de María Corina Machado en Lara, quien dijo que ese es el motivo por el cual el propio jefe del Ejecutivo Nacional, en cadena televisiva al día siguiente del triunfo aplastante de María Corina Machado, llamó a su esposa, Cilia Flores, para que girara instrucciones al fiscal Tareck William Saab de hacer una investigación para anular el resultado de las votaciones, en las cuales más de dos millones de personas, por su propia cuenta y masivamente, participaran en un evento que el gobierno nunca quiso que se efectuara.
Pero, lo que más llama la atención es que esa investigación, que no será realmente una investigación por cuanto nada hay que investigar porque el proceso realizado fue transparente y la Comisión Nacional de Primaria al igual que las Juntas Regionales de Primaria trabajaron las uñas, es que el fiscal, sin que los dos funcionarios que ha nombrado para hacer entre comillas el trabajo, ya ha lanzado la acusación contra la CNP de haber cometido cuatro delitos que él ha inventado.
Como intentando lavarse las manos ha dicho que ha ordenado la investigación por denuncia del diputado José Brito (el mismo que dijo tener un papel de la Contraloría en la que se le participaba a él que María Corina Machado estaba inhabilitada), y otros políticos, que no identificó. Pero, por la intervención de la diputada Flores, esposa de Maduro, no hay que dudar que ella, públicamente en esa cadena, dio la orden de producir esa supuesta investigación.
Claro está que el fiscal es una figura relevante del chavismo y el propio Hugo Chávez lo llamó “el poeta de la revolución,” y, por tanto, como activista del oficialismo no puede negarse a las instrucciones que reciba de quienes lo han colocado en el cargo.
Si esto no es extraño tampoco su nombramiento por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no hizo ninguna Constitución, sino que fue una decisión del gobierno para anular la auténtica Asamblea Nacional,
Esa elección fue cuestionada por la propia empresa Smartmatic, cuyo director ejecutivo Antonio Mugica declaró en Londres que “hubo manipulación del dato de participación” y “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema es al menos un millón de electores.”
Ahí, según el testimonio del directivo de Smartmatic, sí hubo fraude, situación distinta al resultado de la Primaria, a la cual el gobierno pretende desconocer y aún más, buscar la forma de anularla, para generar desconfianza; pero, ya nadie puede creer en un gobierno que se ha caracterizado por mentir.
Y si hay que acudir a la memoria, no podemos olvidar que, posteriormente a la denuncia de Mugica, hubo un incendio en los galpones del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche, donde el fuego consumió 582 computadoras del Registro Civil y 49. 908 máquinas de votación, entre otras pérdidas, según lo que reveló entonces la presidenta del organismo, la difunta Tibisay Lucena. De ese suceso todavía el fiscal no ha presentado el informe al país.
Y tampoco ha dado información alguna de Tarek El Aissami, el flamante ministro de Petróleo, que renunció cuando se descubrió la desaparición de unos 30 mil millones de dólares de Pdvsa, que no son cuatro conchas de ajo. Si no se ha ocupado de este escandaloso caso de corrupción, ¿cómo es que ahora se dedica a investigar lo que no es investigable, porque no hay ningún delito en la votación de más de dos millones de personas en la Primaria? Claro, que este es un asunto meramente político y él es político activo del gobierno.
