Defiende Venezuela presentó un informe alternativo al Comité de Derechos Humanos (CCPR) de las Naciones Unidas, en donde expuso cifras sobre la uso excesivo de la fuerza y violencia policial en Venezuela, métodos de detención arbitraria, torturas y desapariciones forzadas.
En el marco de la evaluación a Venezuela en el 139º período de sesiones, un grupo de ONG fijaron sus posturas con respecto a la situación de DDHH en el país.
Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, afirmó que al menos desde el 2013 el Estado venezolano ha «implementado tácticas de seguridad policial cada vez más agresivas, que han derivado en una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”.
Monsalve, quien es abogado y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, agregó que “entre 2017 y 2020 se contabilizaron 8.734 víctimas por la intervención de la acción de todas las fuerzas de seguridad, de las cuales al menos el 26% (2.260 víctimas) corresponden a las FAES”.
A su juicio, “las acciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad del Estado son violatorias al derecho a la vida a la vida, integridad personal y libertad, derechos consagrados en los artículos 6, 7, 9, 12 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas
El informe alterno presentado ante la CCPR por la ONG Defiende Venezuela revela, entre otras cosas, que “los métodos de detención arbitraria empleados frecuentemente en el contexto de manifestaciones políticas han fomentado la perpetración de otras violaciones graves de derechos humanos, como malos tratos, torturas o desapariciones forzadas”.
Asimismo, se explica cómo durante los interrogatorios se practicaba frecuentemente acciones de tortura con el fin de obtener información y castigar la participación en actividades de protesta.
Con respecto a la “Operación Trueno”, estrategia gubernamental en la que participaron más de 1.800 funcionarios de distintos componentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que actualmente forman parte del G.A.E.T y que tenía como objetivo “desarticular bandas del crimen organizado”, se denunciaron violaciones de derechos humanos, registros ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y actos de torturas. Defiende Venezuela documentó al menos 34 casos.
Seguridad e integridad de periodistas, defensores de DDHH y sindicalistas
El informe también mencionó la importancia de salvaguardar los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras presuntos actos de intimidación, inhabilitación, amenazas y/o agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales.
Otro de los temas que destacan en este documento es la acción sindical. La ONG denunció que el gobierno ha amenazado continuamente la autonomía, la independencia y el libre ejercicio de los derechos de asociación de individuos y organizaciones a través de controles y regulaciones administrativas, legislación extensa y jurisprudencia restrictiva de los tribunales.
Las recomendaciones de Defiende Venezuela
La ONG defensora de DDHH expone en el apartado de conclusiones y recomendaciones de su informe lo siguiente:
- Garantizar que, de conformidad con el artículo 9 del Pacto, las personas privadas de libertad gocen de todas las salvaguardias jurídicas fundamentales desde el momento de la privación de libertad.
- Prever que ninguna persona sea sometida a detención arbitraria y garantizar que todas las personas que enfrentan cargos tengan acceso a un juicio justo e imparcial.
- Intensificar los esfuerzos para garantizar la prevención efectiva de la tortura y los malos tratos y sancionar a quienes son responsables de tales actos.
- Implementar medidas para prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, particularmente en situaciones de protestas, y reforzar la capacitación en derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza.
- El Estado también debe garantizar que todos los casos de muertes violentas sean investigados de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y que los perpetradores sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados.
- Brindar protección sólida a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y abogados que enfrentan intimidación, amenazas y ataques debido a su trabajo de monitoreo e información sobre cuestiones de derechos humanos y otros asuntos de interés público.
- Velar porque todas las denuncias sobre actos de intimidación y amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas y la sociedad civil sean investigadas de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial, y que los perpetradores sean llevados ante la justicia y sancionados apropiadamente.
