Trabajo de: www.runrun.es
El abogado del preso político Igbert Marín Chaparro, Edgard Simón Rodríguez, informó este primero de octubre que el militar acusado por el gobierno de Nicolás Maduro desde el 2018 mantiene una tercera ronda de protestas pacíficas para exigir la garantía de sus derechos humanos.
«No permitir la visita de amigos y familiares no directos significa un maltrato psicológico que está prohibido no sólo en la ley nacional sino en distintos tratados y convenios internacionales de DDHH», recalca el abogado en un comunicado de prensa.
Marín, teniente coronel del Ejército, mantuvo dos huelgas de hambre en 2021 y en 2022 para exigir el cese, reconocimiento y restitución humanitaria de las torturas y tratos inhumanos que recibió desde su detención. Ahora, preso en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Gran Caracas, exige tener el derecho a las visitas generales.
Marín decidió no salir de su celda ni para ir al patio de la Dgcim como forma de protesta, acción que ya el Estado vulneraba tanto a él «como a otros presos políticos en su misma situación».
«El 4 de septiembre se le hizo la solicitud al Ministerio de Asuntos Penitenciarios por parte de los familiares y hasta ahora no ha recibido respuestas», agrega el abogado.
Presos políticos en protesta
Rodríguez le exigió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Celsa Bautista, que ordene el levantamiento inmediato de esta medida de prohibición, que vulnera los derechos humanos de los presos políticos.
Mientras Igbert Marín Chaparro mantiene su protesta, otros presos políticos mantenían una huelga de hambre para requerir su libertad y atención médica inmediata.
Desde el 25 de septiembre, el sargento Primero de la Guardia Nacional Alberto Salas Piñango hace una huelga de hambre para exigir un traslado a un centro de salud, debido a los dolores que sufre desde hace más de un mes por viejas fracturas producto de torturas.
Si bien el 30 de septiembre liberaron a ocho presos políticos, los privados de libertad siguen sin justicia en Venezuela. La ONG Foro Penal estima que hay otros 274 presos políticos en Venezuela, de los cuales 147 son militares y 127 son civiles. De ese grupo, al menos 145 aún no tienen una condena firme por parte del sistema de justicia venezolano.
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