El informe Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas, en el que se presenta la situación que vive este grupo de la población, se hizo público este miércoles 27 de septiembre, por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).
En efecto, el reporte, de carácter exploratorio, fue realizado por los investigadores Ligia Bolívar y Carlos Rodríguez y combina la revisión de material documental y la realización de entrevistas, tanto con adultos mayores migrantes en diferentes países como con personas que trabajan en organizaciones que brindan apoyo a este sector de la población, además de asociaciones de jubilados y pensionados.
El trabajo describe las barreras que enfrentan las personas mayores migrantes (PMM) en el disfrute de sus derechos en general y, de manera especial, los derechos correspondientes a su edad, tomando en consideración los marcos normativos y políticas públicas existentes en los países receptores de población migrante.
Una minoría invisibilizada
El documento está estructurado en seis secciones y, entre otros datos, ofrece algunas cifras sobre el número de adultos mayores venezolanos que han emigrado a varios países.
De acuerdo con el informe, para 2022, el 2,5% de los connacionales en Perú eran hombres y mujeres con más de 60 años; en Chile -y según cifras oficiales de ese país- en 2019 se contaron 15.175 PMM venezolanas, mientras en Colombia se estima que 71.492 migrantes venezolanos tienen 60 años o más, lo que constituye el 2,9% del total de personas registradas por los principales mecanismos que atienden a compatriotas migrantes. En España, desde 2014 hasta 2019, unas 29.364 personas mayores venezolanas estaban residenciadas en este país, a las que se sumaron 61.055 españoles mayores de 65 años que retornaron a esa nación.
El reporte del CDH UCAB también presenta información estimada sobre las PMM venezolanas en otros países de la región y los esfuerzos que se hacen, desde organismos públicos extranjeros, para su registro y atención oportuna.
«Las personas mayores migrantes (PMM) venezolanas constituyen el grupo más pequeño de los más de 7.3 millones que han migrado; además, es una población invisibilizada, incluso por las estadísticas oficiales de los Estados de acogida (…) lo cual constituye una primera barrera para el diseño y ejecución de políticas públicas específicas para este sector de la población en los países receptores», apunta el documento.
Desprotección y vulnerabilidad
De acuerdo con el reporte del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el perfil de las personas mayores que están saliendo desde Venezuela es diverso: algunos son profesionales, mientras otros son extranjeros que están retornando a su país de origen debido a la crisis económica y política del país.
La ausencia de políticas públicas orientadas a la protección de esta población, además de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años, se cuentan entre las principales causas que motivan a las PMM a emigrar.
Otra razón frecuente de salida es la búsqueda de compañía familiar, especialmente cuando tienen nietos; en estos casos -apunta el documento- suelen asumir la tarea de cuidadores, sin remuneración o con un ingreso por debajo de las tarifas del mercado laboral formal.
«Son muy pocas las PMM que tienen empleo formal, debido a que la edad es una barrera para acceder a la formalidad laboral. Al permanecer en el sector informal de la economía, no están integrados al sistema de seguridad social, ni tienen acceso al sistema de salud. La situación es más dramática para quienes salieron de Venezuela como jubilados y pensionados antes de 2016, y a quienes se suspendió de forma abrupta el pago respectivo, dejándolos en condiciones de extrema precariedad económica», se lee en el informe, en el que se advierte que las limitaciones de acceso de los adultos mayores migrantes a ingresos propios afecta su autonomía y su dignidad, «en la medida en que limita el disfrute de otros derechos».
El trabajo ofrece recomendaciones valiosas, tanto para la administración de Maduro como para los países receptores, a fin de ofrecer oportunidades a los adultos mayores migrantes.
Desarrollar políticas públicas diferenciadas, «especialmente en las áreas de generación de ingresos, salud física y mental, recreación y transporte«, así como realizar jornadas especiales de regularización y registro en el sistema de seguridad social se cuentan entre ellas.
